El futuro ya nos alcanzó
La economía mexicana atraviesa un periodo de estancamiento prolongado que compromete la viabilidad fiscal del país y su capacidad para atender necesidades fundamentales de la población. Durante los últimos siete años, el Producto Interno Bruto creció apenas 0.87% promedio anual, una desaceleración drástica comparada con el 2.27% que mostraba hasta 2018.
Según proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, de cumplirse las previsiones actuales, el periodo 2019-2027 quedará registrado como nueve años consecutivos de avance económico cercano al 1% anual, configurando una década prácticamente perdida en términos de desarrollo.
El Banco Mundial proyecta para 2026 un crecimiento de 1.4%, por debajo del promedio de América Latina y el Caribe de 2.2%. Esta cifra contrasta con las promesas iniciales del gobierno actual, que planteaba triplicar el rendimiento económico al inicio de su gestión.
Crisis fiscal y endeudamiento acelerado
El deterioro económico se refleja directamente en las finanzas públicas. El déficit fiscal cerró 2024 en 5.8% del PIB, el nivel más alto desde finales de la década de 1980, y aunque se redujo a 4.3% en 2025, superó ampliamente la meta gubernamental de 3.9%.
El Fondo Monetario Internacional advierte que la deuda pública continuará con trayectoria ascendente, pasando de 58.9% del PIB en 2024 a 61.5% en 2030. Esta proyección refleja la insostenibilidad de la política fiscal actual, que privilegió el gasto social y obras emblemáticas mientras abandonaba áreas fundamentales.
La falta de recursos ha obligado a recortes presupuestales en instituciones clave. El Instituto Nacional Electoral debe organizar la elección más compleja de los últimos años con menor presupuesto, mientras el Poder Judicial Federal enfrenta creciente rezago con recursos menguantes. En contraste, el Poder Legislativo mantiene asignaciones elevadas.
Desplome de empresas estatales
Las empresas públicas presentan un panorama especialmente grave. Pemex cerró 2024 con pérdidas de 620,605 millones de pesos, su mayor caída desde 2015, acumulando una deuda de 97,600 millones de dólares. Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad registró pérdidas por 124,445 millones de pesos en 2024, revirtiendo completamente las ganancias de 97,218 millones obtenidas en 2023.
Los recursos destinados a estas empresas y a proyectos emblemáticos han significado el abandono de inversión en infraestructura, mantenimiento y servicios esenciales. El desabasto de medicinas, el deterioro de los servicios de salud, la debacle del sistema educativo y la reducción de recursos para estados y municipios, incluyendo seguridad pública, caracterizan la situación actual.
Oportunidades perdidas
Pese a un entorno internacional favorable, el país no logró capitalizar oportunidades. Aunque México captó 41,000 millones de dólares en inversión extranjera directa durante 2025, recuperando el décimo lugar entre receptores globales, la mayor parte proviene de reinversión de utilidades existentes, no de nuevos proyectos productivos.
El fenómeno del nearshoring no se ha traducido en la relocalización efectiva de empresas. La incertidumbre regulatoria, particularmente la reversión de la apertura en el sector energético, debilitó la certeza jurídica necesaria para atraer inversiones de largo plazo.
Las exportaciones muestran incremento en cifras agregadas, pero esconden un problema estructural: las manufacturas ceden terreno mientras aumentan envíos de semiconductores e insumos para centros de datos, sectores de menor integración nacional y mayor dependencia de componentes asiáticos, especialmente chinos.
Desafío demográfico ignorado
A la crisis económica se suma un cambio demográfico acelerado que el gobierno no ha enfrentado. La tasa global de fecundidad cayó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024, muy por debajo del 2.1 necesario para mantener el equilibrio poblacional.
La edad mediana de la población aumentó de 29 a 32 años entre 2020 y 2025. Las proyecciones indican que la población de 60 años y más alcanzará 20 millones en 2030, representando 14.8% del total nacional. Este envejecimiento acelerado genera presiones crecientes sobre sistemas de pensiones y servicios de salud, justo cuando el gobierno carece de recursos para atenderlas.
Instituciones al límite
La destrucción de instituciones de transparencia y auditoría, junto con el debilitamiento del régimen constitucional de justicia y división de poderes, agrava el panorama. La falta de contrapesos institucionales permite que continúe una política económica que ignora señales de alarma evidentes.
Las autoridades persisten en proyecciones optimistas desconectadas de la realidad. Alcanzar 2% de crecimiento se presenta como logro cuando las cifras reales apuntan a rendimientos inferiores. El presupuesto resulta insuficiente para necesidades básicas mientras se mantiene el discurso de que los números son manejables.
La combinación de estancamiento económico, deterioro fiscal, oportunidades desaprovechadas y cambio demográfico configura un escenario de vulnerabilidad estructural. Sin correcciones de fondo en política económica y fortalecimiento institucional, el país enfrenta perspectivas limitadas tanto en el corto como en el largo plazo.
