Morena analizará expulsar del partido a Rubén Rocha Moya
El Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) estudia la expulsión de Rubén Rocha Moya de sus filas tras su regreso unilateral a la gubernatura de Sinaloa el pasado fin de semana, informó Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido.
La decisión de Rocha Moya de retomar el cargo, después de 112 días separado de sus funciones, ocurrió sin consultar a la dirigencia partidista y en medio de investigaciones activas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). El gobernador había solicitado licencia temporal al Congreso de Sinaloa el 1 de mayo de 2026, dos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara acusaciones formales contra él y otros nueve funcionarios estatales.
Las acusaciones estadounidenses, presentadas el 29 de abril de 2026 ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, señalan delitos de narcotráfico y presuntos vínculos con la facción de "Los Chapitos" del Cártel de Sinaloa. Según los documentos judiciales, los funcionarios habrían proporcionado protección a cambio de pagos mensuales y control sobre las policías estatales. El gobierno de Estados Unidos solicitó formalmente la extradición de Rocha Moya.
"Esa es una decisión que tiene que tomar la Comisión de Honestidad y Justicia. Hay una actuación unilateral que él realizó y que hemos manifestado que no estamos de acuerdo. Se le está investigando por delitos de los que se le acusan"
declaró Hernández Mora durante un evento partidista.
La funcionaria precisó que mientras la FGR continúa la investigación penal, los órganos internos de Morena deben determinar las consecuencias políticas. "Una cosa es lo que le toca a la autoridad, en tanto a lo del partido, pues nosotros no compartimos esa decisión que en su momento él tomó de regresar, pero pues ya los órganos internos decidirán", añadió.
Investigaciones continúan abiertas
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó como imprudente el retorno de Rocha Moya al cargo. "No sé cuál fue su decisión, ni tampoco qué fue lo que lo orientó a decir: 'Ya vuelvo a tomar licencia'. Pero nunca se comunicó con el gobierno de México para la decisión de regresar a ser gobernador en funciones", explicó la mandataria durante su conferencia matutina.
Sheinbaum confirmó que la FGR mantiene carpetas de investigación abiertas contra los 10 funcionarios y exfuncionarios señalados por Estados Unidos, y que Rocha Moya y al menos siete de ellos cuentan con ficha roja de Interpol, lo que significa que podrían ser detenidos si salen de México. La presidenta insistió en que, dado que las investigaciones no han concluido, el gobernador debe ser sustituido de forma definitiva.
Entre los acusados figuran Enrique Inzunza Cazárez, senador y exsecretario general de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado. Este último se entregó voluntariamente a autoridades estadounidenses el 11 de mayo de 2026, cruzando por la Garita de Nogales, Arizona.
Antecedentes del caso
Las acusaciones se originaron en el contexto de la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en El Paso, Texas, el 25 de julio de 2024. Según una carta atribuida al capo, fue engañado para acudir a una reunión donde supuestamente estarían presentes Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, quien fue asesinado ese mismo día.
La administración de Donald Trump designó en febrero de 2025 al Cártel de Sinaloa como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT), lo que agravó el contexto político de las acusaciones.
El Congreso de Sinaloa pospuso ayer una sesión extraordinaria prevista para designar un gobernador interino. Se espera que convoque una nueva sesión para definir quién concluirá el periodo de gobierno que termina el 31 de octubre de 2027. La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, ha condicionado cualquier acción disciplinaria contra Rocha Moya a la presentación de pruebas contundentes por parte de las autoridades.
