Paralelismos entre Trump y Sheinbaum: desconfianza electoral y reformas constitucionales
Donald Trump y Claudia Sheinbaum muestran comportamientos notablemente paralelos en su relación con los procesos electorales. Ambos líderes exhiben una profunda desconfianza hacia las urnas, convencidos de enfrentar conspiraciones diseñadas para derrotarlos políticamente. Paradójicamente, mientras más cuestionan la integridad electoral, mayor es su preocupación por los posibles veredictos de los votantes.
Trump ha sostenido desde 2016 afirmaciones sobre fraude electoral masivo en Estados Unidos. Llegó a declarar en 2017 que hasta cinco millones de personas votaron ilegalmente, aunque las autoridades estatales no encontraron evidencia de fraude generalizado. Durante el ciclo electoral de 2024, Trump y aliados como Elon Musk promovieron la teoría de que la administración Biden permitió la entrada de migrantes ilegales con el propósito de votar por los demócratas. Estudios demuestran que el voto de no ciudadanos en elecciones federales, además de ser ilegal, resulta extremadamente infrecuente. Trump insiste en cada evento electoral que si ganan los demócratas, él será sometido a juicio político por el Congreso y posteriormente por el sistema judicial del país.
Sheinbaum, quien ganó la elección presidencial de México el 2 de junio de 2024 con más del 58 por ciento de los votos nacionales, convirtiéndose en la primera mujer presidenta en la historia del país, ha planteado preocupaciones similares. Afirma que habrá intervención extranjera en futuras elecciones para favorecer a la oposición, argumentando que "ellos quieren decidir quiénes gobiernan nuestro país". Sin especificar quiénes son "ellos", insinúa que la intervención provendría de Washington con la intención de obligar a México a procesar judicialmente a narcopolíticos vinculados con Morena o entregarlos a la justicia estadounidense.
Reformas institucionales y consolidación de poder
La similitud entre los discursos de ambos líderes se extiende a sus acciones concretas. Cada uno ha dedicado considerable capital político para construir barreras jurídicas contra sus supuestos adversarios.
En México, después de que Morena y sus aliados de coalición obtuvieran una supermayoría en ambas cámaras del Congreso en 2024, el gobierno impulsó una serie de reformas constitucionales. En febrero de 2024, el presidente López Obrador propuso 20 reformas constitucionales, de las cuales 18 requerían cambios a la Constitución, abarcando temas desde atención médica hasta diseño institucional. La interpretación que hicieron el INE y el TEPJF sobre la representación proporcional favoreció a la coalición de Morena, otorgándoles la supermayoría en la Cámara Baja necesaria para aprobar estas reformas.
Una de las propuestas más controvertidas de López Obrador plantea disolver el Instituto Nacional Electoral (INE) y reemplazarlo con un nuevo organismo llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), cuyos consejeros serían elegidos mediante voto popular cada seis años. Esta reestructuración ha generado críticas de la oposición, particularmente del Partido Acción Nacional (PAN), que denomina la reforma electoral de Sheinbaum como la "Ley Maduro", en referencia al líder venezolano Nicolás Maduro, considerándola un mecanismo para consolidar el poder de Morena.
En mayo de 2026, el Congreso mexicano aprobó un proyecto de ley constitucional que permite anular elecciones en casos de interferencia extranjera comprobada. La legislación define la interferencia de manera amplia, incluyendo financiamiento ilícito, propaganda, difusión sistemática de desinformación, manipulación digital e intervención de gobiernos o agencias extranjeras.
Recursos y control institucional
El proceso electoral mexicano de 2024 costó aproximadamente 60.45 mil millones de pesos (alrededor de 3.5 mil millones de dólares), cubriendo autoridades electorales federales y locales, organismos judiciales y financiamiento público para partidos políticos, lo que convierte a México en una de las elecciones más costosas del mundo en relación con el tamaño de su electorado. A pesar de estos costos, se han recortado sensiblemente los recursos oficiales para el apoyo a los partidos, argumentando austeridad, lo que facilita al partido oficial ejercer fondos públicos sin una adecuada rendición de cuentas ante la falta de vigilancia efectiva por parte de la autoridad electoral.
El control de Morena se extiende más allá de las autoridades electorales. En 2025, México realizó sus primeras elecciones judiciales, que registraron solo un 13 por ciento de participación electoral con boletas complicadas que contenían numerosos candidatos. Como resultado, magistrados alineados con Morena ahora dominan la Suprema Corte, y leales al partido controlan el tribunal con poder para destituir jueces.
Además, el Congreso federal ha aprobado medidas que limitan la capacidad de crítica de la oposición. Existen penas judiciales por referirse a Morena como un "narcopartido" o hablar del "narcogobierno". La ley permite al INE remover candidatos considerados no "íntegros", otorgándole facultades para descartar candidatos opositores considerados peligrosos por sus planteamientos. Subyace también el tema no resuelto del presunto acuerdo entre Morena y el narcotráfico, que representa potencialmente efectivo para las campañas morenistas.
Crisis de legitimidad
Tanto Trump como Sheinbaum han modificado las reglas del juego político para obtener ventajas jurídicas y financieras antes de las votaciones. Sus acciones generan una tensión innegable entre el uso del poder para influir en el proceso electoral y las instituciones encargadas de garantizar la equidad y transparencia del proceso. Estas acciones anticipadas ponen en duda la legitimidad de los resultados electorales y conducirán inevitablemente a crisis políticas en ambas sociedades. No se descartan severas crisis poselectorales en ninguno de los dos países.
