La operación que quedó al descubierto tras el accidente
El 19 de abril de 2026, un vehículo cayó a un barranco en la Sierra Tarahumara. En el accidente fallecieron dos estadounidenses y, según La Jornada Maya, Pedro Román Oseguera Cervantes, director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua, y el policía ministerial Manuel Genaro Méndez Montes. Los agentes estadounidenses habían participado en una operación para desmantelar un laboratorio del Cártel de Sinaloa.
Al día siguiente, la periodista canadiense Katarina Szulc identificó a los estadounidenses como agentes de la CIA destinados en Monterrey. Riva Palacio corrige ese extremo: sostiene que no pertenecían a esa oficina, sino que habían entrado clandestinamente en México para reforzar el operativo. El columnista ya había publicado el 21 de abril que el Gobierno federal desconocía la operación, lo que implicaba que una parte importante se había desarrollado de forma encubierta.
Según su relato, la Secretaría de Relaciones Exteriores no había sido informada de la presencia de los agentes ni había gestionado su acreditación o la zona en la que podrían trabajar. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana carecía de una autorización registrada para su entrada con fines de intercambio de información. Tampoco el Instituto Nacional de Migración disponía de registros de ingreso de los dos fallecidos ni de los otros dos participantes estadounidenses, cuyas identidades siguen sin conocerse. El Centro Nacional de Inteligencia tampoco supo de su presencia.
Riva Palacio añade, citando fuentes de primera mano, que el embajador estadounidense Ron Johnson conoció la participación de los agentes a raíz de sus muertes. El autor plantea que mantenerlo al margen habría buscado evitar que se le atribuyera una vulneración de las leyes mexicanas.
Dos identidades filtradas y ninguna confirmación de la CIA
El martes se hicieron públicos los nombres de Richard Leiter Johnson III y John Dudley Black. El primero había pertenecido a las Fuerzas Especiales del Ejército estadounidense, conocidas como boinas verdes; el segundo era capitán del Cuerpo de Marines. Ambos habían servido en Afganistán.
La CIA no ha confirmado que fueran miembros de la agencia ni ha emitido una posición oficial sobre el caso. Riva Palacio subraya que sus identidades solo se difundieron en México y que se ignora si la información salió de Washington, Chihuahua o Ciudad de México. Por ello, no atribuye una motivación a la filtración.
El columnista sitúa esa falta de confirmación en el contexto de la reserva con la que la CIA trata las muertes de su personal. La agencia ha reconocido públicamente a 140 integrantes fallecidos en servicio, aunque 32 siguen sin identificar. También recuerda a Richard Welch, jefe de estación en Grecia, asesinado en 1975 después de que se publicara su domicilio. Su muerte aceleró la aprobación de la Ley de Protección de Identidades de Inteligencia de 1982, que convirtió en delito la revelación deliberada de determinadas identidades de agentes encubiertos.
Para Riva Palacio, si la filtración procediera de autoridades mexicanas, podría abrir otro foco de tensión diplomática y desconfianza por el tratamiento de información confidencial. Esa valoración es condicional: el origen de la revelación no está establecido.
La interpretación sobre las operaciones estadounidenses
Riva Palacio relaciona el episodio de Chihuahua con la declaración que Donald Trump hizo el 15 de octubre en la Casa Blanca sobre el inicio de operaciones terrestres contra los cárteles y, eventualmente, contra los políticos que los protegen. Su lectura es que la intervención no comenzó con tropas cruzando la frontera, sino con agentes de la CIA procedentes de las fuerzas especiales.
El autor sostiene que esas operaciones no acabaron con el accidente de abril y que continuarán. Vincula esa conclusión a lo que considera inacción frente a los cárteles y a la protección e impunidad que atribuye a gobernadores de Morena y otros políticos. Se trata de la interpretación del columnista, no de un anuncio oficial de la CIA.
Las dos vías judiciales contra el exfiscal
La detención de César Jáuregui volvió a colocar el caso en el debate público. La acusación federal de traición a la patria se basa en que no habría comunicado a la Secretaría de Relaciones Exteriores la colaboración sobre el terreno con agentes extranjeros, una notificación exigida por la Ley de Seguridad Nacional.
Su defensa niega que conociera esa participación. El abogado Héctor Villasana afirmó el 21 de octubre que los 150 datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República no acreditaban que Jáuregui hubiera autorizado la presencia de los agentes o supiera de ella. Según el letrado, los testimonios señalan al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Oseguera Cervantes, como quien mantenía un contacto más estrecho con ellos.
Villasana explicó también que el artículo 123 del Código Penal Federal prevé entre cinco y 40 años de prisión para el delito de traición a la patria. Según Infobae, en ese momento la Fiscalía aún no había conseguido que el exfiscal fuera vinculado a proceso por esa acusación federal.
En el procedimiento estatal, el juez Luis Alberto Simental Ortega resolvió el 22 de octubre vincular a proceso a Jáuregui por ejercicio ilegal del servicio público, pero rechazó hacerlo por coalición. La Jornada informó de que la decisión corresponde a la causa penal 3055/2026 de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
El mismo diario recoge, según el abogado, que Mariana Vieyra Valdés, jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, renunció el 18 de octubre, la jornada en que se emitió y ejecutó la orden de detención por traición a la patria. Ricardo Alfonso Santos Dorantes la sustituyó y decretó la prisión preventiva.
La defensa también contempla que la Fiscalía General de la República pueda llamar a declarar a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. La investigación se refiere al narcolaboratorio de la Sierra del Pinal, donde participaron personal de la Agencia Estatal de Investigación y cuatro integrantes de la CIA.
Jáuregui permanece recluido en la prisión federal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La audiencia para decidir su posible vinculación a proceso por traición a la patria está fijada para el sábado 24 de octubre de 2026.
