Gobierno reporta 37 operativos de búsqueda por Ayotzinapa en su Segundo Informe
El Gobierno de México reportó en su Segundo Informe la realización de 37 operativos de búsqueda relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, cuyos paraderos se desconocen desde las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
Entre el 1 de septiembre de 2025 y el 30 de junio de 2026, autoridades federales coordinadas con la Fiscalía General de la República desarrollaron trabajos de campo en los municipios de Iguala de la Independencia, Cocula y Eduardo Neri, según informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Los operativos permitieron intervenir 518 sitios considerados de interés para las investigaciones, en el marco de los esfuerzos para localizar a los jóvenes normalistas y obtener elementos que esclarezcan los acontecimientos de aquella noche. Los estudiantes se dirigían a la Ciudad de México para participar en una manifestación conmemorativa de la masacre de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968, cuando tomaron autobuses en Iguala, una práctica tradicional y ampliamente tolerada entre los normalistas rurales mexicanos.
Magnitud de los hechos
Durante los ataques de las noches del 26 y 27 de septiembre de 2014 murieron seis personas: tres estudiantes normalistas y tres transeúntes. Además, 25 personas resultaron heridas en los enfrentamientos con la policía municipal. Hasta la fecha, solo tres de los 43 estudiantes desaparecidos han sido identificados mediante análisis de ADN: Alexander Mora en diciembre de 2014, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre en 2020-2021, y Jhosivani Guerrero en junio de 2021.
Coordinación con familias y atención integral
El documento oficial señala que la coordinación con la FGR se mantuvo tanto en las labores de campo como en el procesamiento y análisis de información relacionada con el expediente. En paralelo, el Gobierno federal sostuvo tres reuniones de alto nivel con madres y padres de los normalistas, así como con sus representantes legales.
En los encuentros participaron equipos técnicos vinculados directamente con las investigaciones, con el propósito de informar a las familias sobre los avances y mantener su participación dentro del proceso de búsqueda y esclarecimiento. La atención a los familiares también incluyó servicios médicos, psicológicos y de rehabilitación, proporcionando 170 atenciones durante los diez meses que comprende el periodo reportado.
Contexto institucional e histórico
La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, fundada en 1926 como parte del sistema de escuelas normales rurales creado en la década de 1920 por José Vasconcelos, primer secretario de la Secretaría de Educación Pública, ha sido símbolo de un caso que trasciende fronteras.
En diciembre de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, encabezada por el entonces subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, ordenando a todas las agencias estatales abrir sus archivos a los investigadores. En agosto de 2022, Encinas declaró oficialmente que la desaparición fue un crimen de Estado, reconociendo la participación de autoridades estatales en los hechos.
Avances judiciales recientes
En marzo de 2026, un juez federal ordenó al Ejército mexicano hacer públicos 853 archivos obtenidos en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, una unidad de inteligencia militar que monitoreaba la actividad criminal organizada durante el secuestro de los estudiantes. Ese mismo mes, la presidenta Sheinbaum solicitó formalmente apoyo de Naciones Unidas para traer de vuelta a expertos internacionales y reanudar la investigación, después de que autoridades revelaran una nueva línea de investigación y el descubrimiento de un crematorio clandestino en una funeraria de Iguala con restos humanos que datan de 2014.
En agosto de 2026, el Gobierno mexicano arrestó al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre por cargos relacionados con el ocultamiento o destrucción de evidencia sobre el paradero de los estudiantes. A lo largo de los años, decenas de personas han sido arrestadas en conexión con el caso, incluyendo militares, policías, miembros del cártel Guerreros Unidos y funcionarios de alto nivel. Sin embargo, no ha habido ninguna condena por el crimen y algunos sospechosos han sido liberados de prisión.
Compromiso gubernamental
El caso Ayotzinapa forma parte del denominado Compromiso 9 del Gobierno federal, titulado Verdad y Justicia para los 43 estudiantes desaparecidos, mediante el cual la administración de Sheinbaum estableció la continuidad de las investigaciones como una obligación del Estado.
La estrategia contempla mantener las labores de búsqueda, revisar líneas de investigación, fortalecer la integración de expedientes y continuar con los procesos contra quienes presuntamente participaron en la desaparición de los estudiantes. Dentro de su política de justicia, el Gobierno federal asegura haber adoptado un enfoque orientado a la reparación integral del daño y a la atención de víctimas directas e indirectas.
El Segundo Informe también incluye acciones relacionadas con personas desaparecidas, conflictos agrarios, consultas a comunidades indígenas y mecanismos para combatir prácticas de discriminación, racismo y clasismo.
