Fiscalía de Guanajuato archiva carpetas ante rezago heredado por Zamarripa
Bibiana Mendoza, busca a su hermano desde hace ya ocho años, mismo tiempo que su carpeta de investigación ha permanecido abierta y sin avances para localizarlo. Su caso, se suma a otros 416 mil que la fiscalía reportó pendientes a finales del 2025 y que aún esperan por justicia.
Según el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal (CNPJF-E), la Fiscalía General de Guanajuato cerró el 2025 con 416 mil 617 carpetas pendientes, el mayor número del país.
Y aunque Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general del estado reveló en entrevista con AM que lograron disminuir el rezago a solo 8.87% del total (36 mil 971 carpetas), omitió aclarar que 260 mil carpetas fueron clasificadas al archivo temporal, según lo informado por comunicación social, y corresponden a casos que por una causa no es posible continuar la investigación pero siguen abiertas.
Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa explicó que el rezago judicial es un problema que afecta a todos los estados del país, Ciudad de México por ejemplo, ocupa el segundo lugar con 347 mil 530 carpetas; continúa Jalisco con 347 mil 525; y Baja California con 197 mil 140.
"Este rezago se va acumulando año tras año. Y esto qué significa para las víctimas, pues que simplemente los casos no se resuelven. Y desde el punto de las personas responsables significa que nunca tienen una consecuencia por sus actos", señaló.
El Fiscal indicó que en su mayoría son carpetas pendientes desde años anteriores y explicó que cuando tomó el cargo, en febrero del 2025, la Fiscalía reportaba solo 240 mil casos pendientes, pero al revisar la documentación y archivos temporales el total aumentó hasta las 518, 559 carpetas rezagadas.
"Para poder afrontar el reto institucional que yo tenía, nos pusimos a revisar auténticamente los archivos de la fiscalía e inventaríamos el total de trabajo pendiente por ejecutar. Encontramos que era un número infinitamente mayor a esas carpetas pero también hay carpetas de investigación que se encuentran en archivo temporal", detalló.
AM consultó a través de comunicación social de la Fiscalía General cuál era la distribución de las carpetas pendientes y archivadas por cada fiscalía regional del estado, pero indicó que no podía dar esa información.
El artículo 254 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que una investigación puede archivarse temporalmente cuando faltan elementos para continuarla y reanudarse si aparecen nuevos datos.
Por tanto, archivar una carpeta no equivale a esclarecer un delito, reparar el daño ni obtener una sentencia, pero tampoco supone una actuación irregular.
Es un grave retroceso
Bibiana Mendoza es vocera del colectivo Hasta Encontrarte, y lleva ocho años de búsqueda de su hermano Manuel Ojeda Negrete, quien fue desaparecido en la comunidad del Refugio de Munguía, en Irapuato, por un supuesto grupo del crimen organizado.
Relató que tanto ella como otras madres han luchado contra la criminalización y el desinterés institucional para buscar avances en la investigación de sus carpetas con el objetivo de encontrar a sus familiares.
Detalló que uno de sus logros fue que durante la administración del fiscal Carlos Zamarripa se les prometió la creación de un equipo especializado en carpetas de larga data que atendería casos anteriores al 2020, pero lamentó que el grupo no ha dado resultados, y con Vázquez Alatriste ve un retroceso en las investigaciones de la Fiscalía, las cuales han arrojado pistas absurdas.
"Te voy a poner mi caso de ejemplo. A mí este grupo especializado me marca para decirme que revisaron mi carpeta, y cuando acudo a la fiscalía me dicen que van a entrevistar a una persona. Yo les dije: ¿Si saben que esa persona tiene 3 años que ya murió?. ¡El único testigo que ustedes lograron rescatar de la carpeta ya no existe, está fallecido! Que ustedes no lo sepan y mejor lo sepa yo, es indignante. Lo único que hicieron después de 8 años es ir a entrevistar a los vecinos de mi hermano", manifestó.
Explicó que así como su caso, el colectivo acompaña a 123 familias que hasta la fecha no tienen indicios de que se hará justicia por sus familiares.
Aseguró, por ejemplo, que hay municipios donde se sigue victimizando y negando la atención inmediata, lo que desalienta la denuncia de estos casos. Así como la criminalización de los colectivos buscadores por parte de la propia fiscalía, deficiencias y errores graves en el área forense y retroceso en la entrega digna de cuerpos.
Señaló que la Fiscalía se encuentra rebasada en su capacidad para atender las denuncias que se generan, y en el caso de las desapariciones lo atribuyó a la negación e incompetencia inicial de las autoridades sobre la problemática, ya que si desde el inicio se integraba mal la carpeta, esta se relegaba por falta de información o datos erróneos.
"Habrá que preguntarles a ellos ¿por qué no hay detenidos?, ¿por qué no hay sentencias?, ¿por qué las desapariciones violentas siguen sin ser resueltas? ¿Por qué hay tantas fosas clandestinas en el estado? No han resuelto lo que empezó hace muchos años y siguen sin resolverlo, porque no solo no resuelven los casos del pasado, sino que siguen permitiendo las condiciones para que hasta el día de hoy sigan desapareciendo a diario muchísimas personas en el estado", arremetió.
A traves de la Dirección de Comunicación Social, la Fiscalía especificó que hay cuatro mil 600 carpetas que son imprescriptibles y permanecen abiertas hasta que se encuentre el responsable, como en el caso de tortura, desaparición forzada u homicidio.
60% en archivo temporal
El fiscal Gerardo Vázquez Alatriste destacó que en lo que va del año han abierto 117 mil carpetas de investigación y cerrado 245 mil, lo que contrasta con el número de carpetas pendientes que reportaron atender inicialmente.
Pese a que destacó haber "metido mano" en 380 mil carpetas rezagadas, Comunicación Social informó que aproximadamente el 60% de las 416 mil con las que iniciaron el año se encuentra en el archivo temporal.
Susana Camacho, coordinadora del programa de justicia de México Evalúa, detalló que esto implica un "limbo" para las víctimas, ya que el caso se mantiene en pausa hasta que surjan nuevos indicios que permitan retomar la investigación, pero conforme pasa el tiempo los casos prescriben y se quedan sin resolver.
"No implica una resolución del caso, pero tampoco significa que va avanzando. Cuando hay cambio de fiscales lo que hacen es revisar lo que está archivado. Y muchas veces lo que encuentran, es que hay casos que ya prescribieron, que en su momento el fiscal anterior o la administración anterior tuvieron que ir dando de baja esos casos en los que pasó el tiempo y no se hizo nada y muchas veces pues no se hace", detalló.
Por su parte, Juan Miguel Alcántara Soria, ex procurador de justicia del estado, durante la administración de Carlos Medina Plascencia y más tarde Subprocurador de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la PGR y Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP): 2010–2012.
Aseguró que los procedimientos de denuncia son ineficaces y tardados, ya que el engranaje del ministerio público se encuentra gastado y es obsoleto a las necesidades de la sociedad, sin embargo, para mantener las "estadísticas positivas" la solución que encontró la Fiscalía fue archivar las carpetas de investigación en lugar de dar seguimiento real a los delitos.
La especialista detalló que gran parte del volumen de expedientes rezagados corresponde a delitos simples, ante los cuales la Fiscalía no tiene capacidad para darle seguimientos y termina archivando.
"La realidad es que las fiscalías no tienen capacidad para dar seguimiento a cada uno de estos casos. Entonces, lo único que hacen es recibir la denuncia y acto seguido archivarla, a menos que de repente la víctima quiera darle seguimiento y esté insistiendo para que continúe la investigación. La realidad es que no pasa gran cosa"
Mecanismos alternativos: una mejor opción
Guanajuato ocupó el primer lugar en carpetas de investigación cerradas, con un total de 339 mil 537, pero también del mayor número de expedientes abiertos por el órgano o unidad administrativa encargada de los mecanismos alternativos de solución de controversias, con 44 mil 70 casos iniciados.
El Fiscal aclaró que estos procesos de justicia restaurativa permiten una resolución más rápida de procuración de justicia, acortando el tiempo del procedimiento de años a meses o semanas de acuerdo al caso, permitiendo también un ahorro al estado en sentencias condenatorias.
"Un acuerdo reparatorio lo podemos sacar en una semana, en 15 días, en un mes, dos meses. Un proceso penal lo cumplimos en 2 años. Si la persona está en la cárcel, el Estado le paga alimento y todos los costos de un sistema carcelario, el personal administrativo, de custodia, cuotas de ese tipo", señaló el fiscal.
En Guanajuato, se registraron 29 mil 19 delitos en los expedientes iniciados por la unidad administrativa encargada de los mecanismos alternativos, de los cuales el más prominente fue daño a la propiedad, con 7 433 casos; posteriormente lesiones, con 6 mil 993; amenazas, 5 mil 702 carpetas; e incumplimiento de las obligaciones familiares con mil 740 casos.
Sin embargo tambien resaltan 290 casos de homicidio, 243 de abuso sexual, 91 de acoso sexual, 20 de hostigamiento y cuatro de violación.
Esto pese a que la Fiscalía indicó que no en todos los delitos es posible este mecanismo, siendo un proceso reservado para delitos de abuso de confianza, allanamiento, amenazas, daños, despojo, ejercicio arbitrario del propio derecho, fraude, homicidio culposo, lesiones, robo sin violencia, retención de menores, usura entre otros por querella, culposos o patrimoniales sin violencia.
AM cuestionó si es que estos procesos no implican una "justicia de menor calidad" para los afectados, a lo que el fiscal aclaró que realmente es una mejor resolución al derivar de un proceso donde ambas partes concilian un acuerdo que reponga el daño causado a la persona o establezca mecanismos de no repetición.
"Hay mejores formas de procurar justicia que cárcel. Creo que es el modelo de procurar justicia más bonito que pueda haber porque la parte que vulnera la ley, que la quebrantó, ya cumplió. Y la parte que sufrió el daño ya recibió su pago. No debió de haber pasado. Pero por lo menos ya estamos a mano, pero además está demostrado que es una forma mejor de superar las rencillas personales, los rencores" explicó el fiscal.
Susana Camacho concordó al considerar estos procesos una mejor opción al archivo de los casos y garantizan cierto nivel de combate a la impunidad al garantizar una reparación del daño para las víctimas, especialmente si se conoce a las dos partes involucradas (víctima y victimario).
Sin embargo, Juan Miguel Alcantara advirtió que estos mecanismos son insuficientes ante la carga de trabajo de la Fiscalía, ya que implican una disminución en las investigaciones delictivas y son realizadas por una mediación ineficaz e inflexible por el personal, pero que benefician la estadística al disminuir el número total de investigaciones en trámite.
"Muchos de ellos (mediadores) son inflexibles en negociaciones, lo cual acontece por la falta de supervisión de los superiores en dichas áreas, pero también, dichas mediaciones son utilizadas por los litigantes únicamente para efectos dilatorios como estrategia legal y el ministerio público utiliza dichas mediaciones para efectos estadísticos, ya que mientras una investigación se encuentre en mediación, su estadística no se ve reflejada (no aparece como investigación en trámite)", expresó.
Viva voz
"Donde quiera que esté, lo amo. Él vale la vida, la pena y lo vamos a seguir buscando hasta acabar los recursos que tengamos, tanto emocionales como físicos, su familia va a agotar todo. Hasta que Dios nos quite la vida, lo vamos a seguir buscando".
