Qué cargos afrontan los acusados
El registro electoral está en el origen de unas investigaciones que también examinan lo declarado por los acusados al solicitar la ciudadanía. El Departamento de Justicia anunció que seis personas serán acusadas de votar sin ser ciudadanas, un delito menor. Las otras 22 afrontan distintas combinaciones de delitos graves por presuntas mentiras en solicitudes de naturalización, entrevistas o formularios de inscripción electoral.
Las penas difieren según el delito: votar ilegalmente puede suponer hasta un año de cárcel, mientras que mentir en una solicitud de ciudadanía puede castigarse con hasta diez años. La mayoría de los acusados lleva al menos cinco años en Estados Unidos y algunos acumulan décadas de residencia. Si se determina que mintieron para naturalizarse, también podrían afrontar un procedimiento de deportación.
La actuación del 19 de octubre de 2026 forma parte de "Operation Protect the Vote" ("Operación Proteger el Voto"), coordinada por las cuatro fiscalías federales de California, según el Departamento de Justicia. El balance difundido por ese departamento y Los Angeles Times situaba en 11 los arrestados el lunes y señalaba que los otros 17 quedarían bajo custodia próximamente. Los 28 tienen tarjeta de residencia permanente; ninguno es un inmigrante indocumentado.
Los acusados proceden de 14 países, según el comunicado oficial recogido por Infobae. Los grupos más numerosos son los de México, con nueve personas; Guatemala y Filipinas, con tres cada uno; e India y Canadá, con dos cada uno.
Hasta la mañana del jueves se habían presentado documentos de acusación en diez de los 28 casos. En ellos se describe el uso de datos del registro electoral para sustentar también cargos relacionados con la situación migratoria. Seguridad Nacional no explicó qué despertó inicialmente sus sospechas, aunque confirmó que había examinado expedientes de naturalización y otros documentos. Algunas actuaciones judiciales sitúan el inicio de la identificación de los acusados en una auditoría realizada en agosto. Al anunciar los cargos, el primer fiscal federal adjunto Bill Essayli afirmó: "Los derechos al voto de los ciudadanos estadounidenses deben protegerse".
Tres relatos sobre el registro electoral y la naturalización
José Antonio Bañuelos Díaz, de 42 años, pidió la ciudadanía en octubre de 2025. Llevaba entonces 40 años en Estados Unidos y había pasado toda su vida adulta como residente permanente legal. La acusación sostiene que se declaró ciudadano al inscribirse para votar en 2007 y que después mintió sobre ello en documentación migratoria. No se le acusa de haber votado.
Bañuelos Díaz contó a The Associated Press que solo supo de esa inscripción cuando lo detuvieron el lunes frente a su casa en Los Ángeles. Recordó haber obtenido el permiso de conducir hacia 2007; California ofrece la posibilidad de inscribirse en el censo electoral al tramitarlo. "Nunca he votado porque sé que no puedo votar", afirmó. Tras quedar en libertad, sigue expuesto a una condena de hasta cinco años si es declarado culpable.
En San Diego, agentes de Seguridad Nacional detuvieron a Pamele Arbues Line el 15 de octubre, justo después de su entrevista de naturalización. Según la acusación, se había inscrito para votar cinco veces y había participado en varias elecciones, pese a negar que hubiera votado tanto en sus documentos como durante la entrevista. Más tarde reconoció haberse registrado al renovar el permiso de conducir el año anterior y haber votado una vez.
Line, filipina de 56 años, explicó a los agentes que creía haber adquirido la ciudadanía cuando su madre se naturalizó, después de que ambas se trasladaran al país hace más de 40 años. El Gobierno sostiene que ella tenía entonces 19 años y no obtuvo la ciudadanía a través de su madre. Según los documentos judiciales, descubrió que no era ciudadana en junio, al renovar su tarjeta de la Seguridad Social, y pidió la naturalización ese mismo día. De ser declarada culpable, podría pasar al menos diez años en prisión.
El esposo de Amandeep Kaur, Kulwinder Singh, también describe una posible confusión con los trámites electorales. Según él, Kaur lleva ocho años en el país y está en proceso de naturalizarse. Obtuvo el permiso de conducir en 2024 y realizó el examen escrito en hindi porque tiene dificultades con el inglés. Singh desconoce si se inscribió entonces para votar. Ese año ella recibió y devolvió una papeleta que ambos creían que era un formulario de registro. "No hace más que llorar. Es desgarrador", dijo Singh, que es ciudadano estadounidense.
La disputa entre Washington y California por el censo electoral
Los procesos se inscriben en la campaña del Gobierno de Donald Trump contra el voto de personas sin ciudadanía antes de las elecciones legislativas. Según la información publicada por Telemundo, los datos muestran que estos casos son extremadamente infrecuentes, difíciles de probar y no han demostrado alterar el resultado de una elección.
El enfrentamiento con California incluye una demanda sobre la revisión del censo. El 13 de octubre, el Gobierno federal entregó al estado una memoria USB con más de 20.000 nombres de personas que consideraba posibles no ciudadanos inscritos para votar y dio 48 horas para revisarlos, según el Departamento de Justicia e Infobae. Tras la negativa del estado, Justicia presentó la demanda el 15 de octubre.
California, con más de 23 millones de electores registrados, sostiene que cumple la legislación federal y considera probablemente muy infladas las cifras de Washington. Sus responsables electorales explican además que las papeletas enviadas por correo se separan de los datos que identifican al votante, por lo que no pueden apartarse a partir de la información federal.
La oficina del gobernador sitúa un antecedente de esa disputa en julio, cuando el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, escribió a funcionarios electorales del estado para advertir de que podía haber hasta 190.000 votantes "ilegales" en el censo. Según esa oficina, no aportó pruebas ni fuentes pese a las peticiones de California.
El fiscal general estatal, Rob Bonta, afirmó ante un tribunal federal de Los Ángeles que la demanda "raya en lo absurdo". En su escrito señaló que los 28 procesamientos representan el 0,0001 % de los 23 millones de votantes registrados.
Según la oficina del gobernador, funcionarios de Justicia reconocieron en la rueda de prensa del 19 de octubre que la lista de unos 20.000 nombres podía incluir por error a ciudadanos estadounidenses. Esa oficina citó también una presentación del registrador del condado de Los Ángeles: en una muestra de 200 nombres, el 38,9 % indicaba haber nacido en Estados Unidos.
Por su parte, el subprocurador general interino Trent McCotter envió una advertencia al condado de Los Ángeles, con copia a la secretaria de Estado Shirley Weber y al registrador Dean Logan. Sostuvo que los funcionarios que contabilicen a sabiendas papeletas de personas identificadas por agencias federales como no ciudadanas "corren el riesgo de convertirse en cómplices de un delito federal".
Menos aprobaciones de ciudadanía
La actuación federal no se limita a California. Según datos de Associated Press recogidos por Infobae, el Departamento de Justicia informó de cargos contra 113 personas en 20 estados por delitos de voto e inscripción ilegal durante las siete semanas anteriores al 20 de octubre de 2026.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Trump ha reforzado la aplicación de las leyes migratorias y ralentizado las aprobaciones de ciudadanía. Los datos oficiales recogen 58.000 solicitudes de naturalización aprobadas entre abril y junio de 2026, menos de una cuarta parte de las autorizadas en esos mismos meses de 2025.
Los inmigrantes pueden solicitar la ciudadanía después de tres años con la tarjeta de residencia permanente. El procedimiento exige contestar preguntas sobre asuntos electorales, actividades políticas y delitos, superar comprobaciones de antecedentes y un examen de civismo, y cumplir los requisitos de inglés.
