Un expediente para la historia, escribe Ibrain Hernández
La Unión Internacional de Magistrados (UIM) expulsó el 17 de octubre en Lisboa a la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB) con 53 votos a favor, 13 en contra y cuatro abstenciones. La agrupación que representa a los 32 poderes judiciales de las entidades federativas mexicanas perdió su lugar en una organización fundada en 1953 que agrupa asociaciones nacionales de jueces de 92 países, dedicada profesionalmente a salvaguardar la independencia de las autoridades judiciales.
La razón reportada fue el incumplimiento de las condiciones de independencia y apoliticidad exigidas a sus integrantes. Los estatutos de la UIM obligan a las asociaciones miembro a mantenerse independientes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, apolíticas, y comprometidas con la promoción de la autonomía judicial. El respaldo de CONATRIB a la reforma judicial fue considerado incompatible con esas obligaciones, al avalar un mecanismo que la organización internacional cuestionaba por comprometer la selección por mérito y la estabilidad de los juzgadores.
El papel de Rafael Guerra Álvarez
El papel de Rafael Guerra Álvarez, presidente de CONATRIB y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, está documentado por su propia organización. Guerra Álvarez fue reelecto en noviembre de 2025 con 60 votos para un tercer periodo consecutivo que concluye el 31 de agosto de 2027. El 28 de junio de 2024 declaró públicamente su acompañamiento a la reforma judicial del Ejecutivo federal, respaldó la elección popular y sostuvo que la sustitución del Consejo de la Judicatura garantizaría autonomía e independencia. Propuso también que la renovación de jueces y magistrados fuera gradual y se aplicara a quienes ingresaran al cargo.
La reforma judicial mexicana
La reforma judicial mexicana fue aprobada por 357 votos a favor y 130 en contra en la Cámara de Diputados, y por 86 votos a favor y 41 en contra en el Senado, siendo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre de 2024. Con esta modificación constitucional, México se convirtió en el primer país del mundo con la posibilidad de elegir por voto popular a sus jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. La primera elección judicial se celebró el 1 de junio de 2025, con una participación de apenas entre 12.57% y 13.32% de la lista nominal de electores.
En agosto de 2024, el Comité de Presidencia de la UIM ya había emitido una declaración advirtiendo que la elección por voto popular contradice la designación basada en el mérito y afecta la inamovilidad judicial, definida como la garantía de permanencia en el cargo que protege a las personas juzgadoras de ser removidas de manera injustificada. Este pronunciamiento anticipó en más de dos años la decisión formal de expulsión.
El cuestionamiento de Adriana Orocú
Durante el procedimiento de exclusión en agosto de este año, Adriana Orocú, jueza costarricense que fue elegida Presidenta del Grupo Iberoamericano y Vicepresidenta de la UIM en octubre de 2025 en Bakú, Azerbaiyán, presentó un escrito cuestionando que CONATRIB hubiera aceptado y avalado públicamente la propuesta mientras expresaba su alineamiento con el Ejecutivo. Orocú, primera costarricense en ocupar ese cargo, citó cifras atribuidas al Instituto Nacional Electoral que indicaban que fueron destituidos 386 jueces federales, 464 magistrados de circuito federales, 31 personas en otros cargos judiciales y 1,800 jueces, magistrados y titulares de cargos judiciales locales en 19 estados.
La Vicepresidenta de la UIM también sostuvo que invocar la participación en los foros de discusión no respondía al señalamiento de haber dejado de defender la independencia judicial. La obligación de cumplir una reforma constitucional deja intacta la responsabilidad de advertir sus riesgos, argumentó.
La responsabilidad institucional
Quienes encabezan los tribunales cuentan con una voz institucional que puede utilizarse para exigir garantías, documentar amenazas y proteger a quienes deberán resolver contra el poder. Cuando esa voz contribuye a legitimar decisiones que debilitan tales garantías, también debe responder por sus consecuencias.
Conviene recordar para quién existe la independencia judicial. Cualquier persona puede necesitar que un juez proteja su libertad, su patrimonio o su acceso a un tratamiento médico frente a una autoridad. La cercanía política entre quienes gobiernan y quienes juzgan compromete la confianza en que ese conflicto será resuelto conforme al derecho.
La expulsión tiene un alcance asociativo, pero su significado público rebasa a CONATRIB. Una parte de la comunidad jurídica internacional está observando lo que sucede en México y evaluando la conducta de quienes asumieron la representación de sus tribunales. Los discursos de transformación también están siendo contrastados con las garantías que se sacrifican en su nombre.
La historia tendrá nombres, fechas, comunicados y decisiones. Podrá examinar quién defendió la independencia judicial, quién justificó su debilitamiento y quién guardó silencio. En 2024, Guerra invocó la responsabilidad de su generación y llamó a no defraudar. Esa exhortación también deberá medirse frente a sus propias decisiones. La historia lo juzgará por el uso que hizo del poder cuando la justicia necesitaba ser defendida. El expediente ya se está formando.
