Una institución con tres dueños
El Instituto Mexicano del Seguro Social no es propiedad del gobierno federal. Establecido por ley el 19 de enero de 1943, opera como una entidad descentralizada de carácter tripartito: sus recursos provienen de las contribuciones obligatorias de trabajadores, empleadores y Estado. Cada peso que ingresa tiene tres titulares, y dos de ellos no toman decisiones desde Palacio Nacional.
Sin embargo, en años recientes la administración del IMSS ha funcionado como si fuera una dependencia más del Ejecutivo, con determinaciones discrecionales que contradicen el espíritu de su creación. Las consecuencias de esta gestión son evidentes en cada unidad médica.
El diagnóstico oficial: 7,474 carencias
El 17 de octubre de 2026, el IMSS reconoció oficialmente la existencia de 7,474 deficiencias en equipo médico, insumos, personal y mobiliario en 166 de sus 277 hospitales. De ese total, 3,122 fueron catalogadas como de alta prioridad. Los datos surgieron de una revisión llamada "piso por piso" que el gobierno anunció realizar en las instalaciones.
La pregunta surge inevitablemente: ¿qué se hizo durante todo este tiempo? Las carencias no son un hallazgo reciente. Están documentadas en las quejas cotidianas de los derechohabientes, en los informes del personal médico y en cada pasillo saturado de las unidades. Anunciar un diagnóstico a estas alturas no refleja diligencia administrativa, sino la admisión de que se gobernó sin atender señales de alarma que llevaban años sonando.
Protestas y demandas sin respuesta
El 14 de octubre de 2026, miles de trabajadores del IMSS se movilizaron en todo el país para exigir un incremento salarial del 10%, abasto suficiente de medicamentos, contratación de personal adicional y mejores condiciones laborales. Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la existencia de problemas serios en las instalaciones: escasez de especialistas médicos, contratos laborales precarios, salarios bajos, becas insuficientes para residentes y fallas en la distribución de medicamentos.
Las manifestaciones de personal médico, pacientes oncológicos, padres de familia y trabajadores se han repetido durante siete años. La respuesta oficial ha seguido un patrón: descalificar las quejas, prometer soluciones y dejar que transcurra el tiempo. Un gobierno que genuinamente escucha resuelve problemas; uno que solo simula, administra el descontento.
Recursos insuficientes desde hace décadas
El IMSS ha operado con déficit financiero durante al menos 20 años. Aunque el presupuesto federal de 2026 le asignó 1.59 billones de pesos, un aumento del 11.7% respecto al año anterior, el gasto público en salud de México representa apenas el 2.6% del PIB, menos de la mitad del 6% mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud.
Antes de la pandemia de COVID-19, el Instituto contaba con únicamente 2.3 enfermeras, 1.4 médicos y 0.67 camas por cada mil afiliados. En contraste, el promedio de países de la OCDE es de 8.8 enfermeras, 3.6 médicos y 4.4 camas hospitalarias por cada mil personas. La brecha entre recursos disponibles y necesidades reales no es nueva; se ha profundizado con el paso de los años.
Ampliar cobertura sin recursos: repartir la escasez
El discurso oficial ha prometido extender la atención médica a millones de mexicanos adicionales. La intención de ampliar el acceso a la salud es loable, pero pretender hacerlo sin asignar los recursos necesarios no constituye un acto de justicia social. Es, en cambio, distribuir la insuficiencia entre más personas.
Los datos oficiales revelan que el gasto anual por beneficiario en el IMSS es de aproximadamente 9,635 pesos, mientras que en IMSS-Bienestar alcanza solo 4,000 pesos. Expandir la cobertura sin incrementar proporcionalmente el presupuesto significa reducir la calidad del servicio para todos.
Medicamentos sin entregar, deudas sin saldar
La falta de medicamentos en las farmacias del Instituto no es casual. Deudas históricas con la industria farmacéutica que superan los 40,000 millones de pesos han provocado retrasos en las entregas. Las empresas reportan que los pagos tardan hasta 18 meses, cuando los contratos estipulan seis meses como plazo máximo. La cadena de suministro se ha vuelto disfuncional por problemas financieros y administrativos no resueltos.
Rescate exige transparencia y voluntad
El IMSS ha sido durante décadas uno de los pilares del sistema de protección social en México. Su rescate requiere restituir su naturaleza tripartita, transparentar el uso de los recursos, invertir en infraestructura moderna, remunerar dignamente al personal que sostiene el servicio y garantizar el abasto de medicamentos. No se necesitan más recorridos mediáticos ni conferencias de prensa. Se requiere voluntad política para actuar.
Trabajadores y empleadores tienen derecho a exigir cuentas claras, porque el dinero es suyo y la salud que está en juego es la de sus familias. Doña Rosa y millones como ella no necesitan otro diagnóstico. Necesitan acceso real a los servicios por los que cotizaron toda su vida.
