El presupuesto 2026 buscará abatir el rezago de 30% en agua residual; destinan 6 mil 332 mdp
El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, que asciende a 10.19 billones de pesos, incluye una asignación de 6,332.4 millones de pesos para proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Esta partida representa aproximadamente el 0.09% del gasto programable federal y busca atender uno de los desafíos más urgentes del sector hídrico nacional.
Humberto Armenta González, presidente del Consejo de Administración de RECSA, señaló que la efectividad de estos recursos dependerá de la capacidad institucional para modernizar la infraestructura existente y garantizar su operación continua.
El rezago en tratamiento de aguas residuales
Según cifras oficiales de la Comisión Nacional del Agua publicadas en 2025, la cobertura nacional de tratamiento de aguas residuales municipales alcanzó 68.1% en 2024. Las 2,899 plantas municipales en operación tratan actualmente 143.8 metros cúbicos por segundo de los 211.2 ingresados a los sistemas, lo que significa que más del 30% del volumen recolectado se descarga sin ningún proceso de saneamiento previo.
Esta situación genera daños directos en suelos, ríos y acuíferos, advierte la Comisión Nacional del Agua. El problema se agrava considerando que casi 1,881 plantas potabilizadoras y de tratamiento permanecen sin operar, principalmente por falta de recursos para su operación y mantenimiento, según el Inventario Nacional de Plantas Municipales de CONAGUA.
Contexto de crisis hídrica nacional
La inversión en saneamiento cobra mayor relevancia ante la dramática reducción de la disponibilidad de agua en el país. Datos del Banco Mundial muestran que la disponibilidad natural media por habitante en México cayó de 10,794 metros cúbicos por persona en 1961 a 3,180 metros cúbicos en 2022, una disminución de 70.5% en seis décadas.
El Monitor de Sequía de CONAGUA reporta que el 41% del territorio nacional enfrenta problemas de estrés hídrico, con 46 municipios en sequía excepcional y 119 en situación extrema. El Valle de México, la región más poblada del país, enfrenta una escasez absoluta con apenas 140-143 metros cúbicos de agua por persona al año, el nivel más bajo a nivel nacional.
De los 653 acuíferos del país, 157 están sobreexplotados, aunque representan solo el 24% del total, concentran el 60% de la extracción nacional. En zonas como el Valle de México, Querétaro, León y la Comarca Lagunera, los niveles bajan entre 0.5 y 2 metros al año.
La necesidad de un cambio de enfoque
Armenta González enfatizó la necesidad de transformar la visión sobre el manejo de los recursos hídricos.
Una planta permite reducir las descargas contaminantes hacia ríos, suelos y acuíferos y, cuando existen las condiciones y procesos adecuados, generar agua que puede ser aprovechada nuevamente
Esta reutilización, agregó, alivia las fuentes de primer uso.
La infraestructura requerida trasciende la construcción de plantas purificadoras. Demanda redes de conducción, colectores y esquemas permanentes de mantenimiento que garanticen la continuidad operativa a lo largo de los años. Sin estas acciones preventivas, advirtió, el esfuerzo financiero inicial pierde su impacto real en las comunidades.
Impacto en salud pública
Aproximadamente 8 millones de personas en México no tienen acceso a agua potable segura en sus hogares, según estimaciones de CONAGUA. Las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años representan la quinta causa de mortalidad y discapacidad en este grupo etario, siendo aproximadamente el 48.1% de las muertes por enfermedades infecciosas intestinales evitables con medidas de higiene, acceso al agua potable y saneamiento mejorado.
El desafío del saneamiento se extiende más allá del ámbito municipal. Datos del INEGI revelan que solo el 5.6% de las unidades económicas en México aplican algún tipo de tratamiento a sus aguas residuales, cifra que se eleva a 20.3% entre empresas del sector manufacturero.
Reducir la brecha de saneamiento permitirá abatir los riesgos de enfermedades de origen hídrico en la población y, al mismo tiempo, incrementar la disponibilidad de agua sin presionar las fuentes naturales, un objetivo crítico para la seguridad hídrica del país.
