Condiciones de acceso y límites de las cuotas
El proyecto modificaría la Ley de Vivienda de la capital mexicana. Para fijar las condiciones de los créditos, el Instituto de Vivienda (INVI) tendría que considerar tanto la elegibilidad y la capacidad de pago de los solicitantes como su vulnerabilidad socioeconómica y la sostenibilidad financiera del propio organismo.
Las cuotas mensuales quedarían sujetas al límite sobre los ingresos que establece el artículo 77 de la ley. El INVI debería publicar los intereses aplicables, los importes máximos de los préstamos, los plazos de devolución y los criterios para adjudicarlos.
Para facilitar el acceso de quienes trabajan por cuenta propia, en actividades informales o con ingresos variables, la iniciativa encargaría al Instituto definir formas objetivas de acreditar esos ingresos. También prevé mecanismos de ahorro previo, sin exigencias desproporcionadas.
En el ámbito federal ya existen otras condiciones de acceso. Según recogió Tribuna, la presidenta Claudia Sheinbaum informó el 22 de octubre de 2026 de que Vivienda del Bienestar había asignado y colocado 89.000 viviendas; el 33 % correspondía a personas de 18 a 29 años. Los requisitos actuales de ese programa son llevar al menos seis meses en el empleo actual, percibir hasta 2,9 salarios mínimos y no tener otra propiedad ni una asignación previa del Infonavit.
Comprar entre varias personas no implicaría repartir la propiedad por igual
La propuesta capitalina permitiría que dos o más personas participasen en un mismo crédito para comprar una vivienda. El documento jurídico de la operación debería identificar quiénes son los propietarios, qué proporción del inmueble corresponde a cada uno y qué pagos debe asumir cada comprador.
Compartir la financiación no supondría, por tanto, tener participaciones iguales en la propiedad. El proyecto también contempla regular qué ocurriría si alguno de los titulares fallece, se separa, es sustituido o abandona el crédito.
Una reserva presupuestaria para las zonas con mayor déficit
Otra de las medidas obligaría al INVI a reservar al menos el 10 % del presupuesto aprobado para sus programas de financiación a la adquisición, mejora o producción de vivienda en las demarcaciones con mayor rezago habitacional. El reparto debería seguir una metodología pública que tuviese en cuenta el índice de rezago y las necesidades detectadas.
Quedarían excluidos los inmuebles situados en zonas cuyo riesgo no pueda mitigarse. Para recibir fondos, las actuaciones tendrían que acreditar que el uso residencial es compatible, que es viable disponer de servicios y que se cumplen las condiciones de accesibilidad y conectividad.
Por su parte, el Gobierno de Clara Brugada ha aumentado la inversión anual en vivienda de 4000 a 9000 millones de pesos. Según Centro Urbano, la jefa de Gobierno explicó en su Segundo Informe de Resultados ante el Congreso capitalino, en octubre de 2026, que su administración había entregado 6000 viviendas sociales y tenía otras 7000 en construcción.
En ese informe, Brugada anunció además la creación de 2000 viviendas de alquiler para jóvenes en 2027. La mandataria presentó la iniciativa como el primer programa de vivienda en alquiler para jóvenes de América Latina.
Control anual y aplicación de la reforma
El texto presentado al Congreso exigiría al INVI rendir cuentas cada año sobre sus modalidades de financiación. El informe tendría que detallar cuántos créditos se concedieron y por qué importe, sus tipos de interés y plazos, la cartera vigente y vencida, las solicitudes denegadas y los principales motivos del rechazo. También debería mostrar cómo se distribuyeron territorialmente los recursos.
Estas medidas forman parte de una propuesta de reforma, no de unas condiciones de crédito ya en vigor. Su aplicación quedaría sujeta a las reglas de operación y a los procedimientos legales correspondientes.
