La participación de las autoridades, sin aclarar
"Es importante informar que en la Ciudad de México no hay casos de desaparición forzada, perpetrada por actores del Estado", declaró Brugada. Según Proceso, su intervención no abordó la impunidad ni aclaró cuántas investigaciones han permitido esclarecer los hechos, detener o procesar a responsables o identificar redes criminales.
Las familias que buscan a personas desaparecidas habían planteado estas cuestiones en una reunión a puerta cerrada con la mandataria el 23 de septiembre. Denunciaron carencias en las pesquisas sobre reclutamiento forzado, trata y homicidios, y pidieron investigar la posible responsabilidad de autoridades por permitir o encubrir desapariciones. Algunas familias entrevistadas por Proceso consideran que la impunidad también constituye una forma de participación estatal.
La clasificación presentada por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México sí contempla la "desaparición forzada por actores del Estado". Según Infobae, esta categoría alude a policías, fuerzas armadas o autoridades locales y aparece descrita como "casos aislados, no política sistemática". Forma parte de diez problemáticas agrupadas en delitos graves, problemas sociales, personales y familiares, y otros supuestos. Entre los delitos graves también figuran las desapariciones a manos de grupos criminales y los homicidios o feminicidios con ocultamiento de las víctimas.
La posición de Brugada tiene un antecedente en abril de 2026, cuando rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. Según UnoTV, sostuvo que el documento no reconocía los cambios en seguridad y atención a las personas desaparecidas desde 2019 ni distinguía adecuadamente entre desapariciones cometidas por el Estado y por civiles u organizaciones criminales. También respaldó la postura de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y rechazó los señalamientos de supuesta colusión entre el Gobierno de México y el crimen organizado.
El porcentaje de ausencias voluntarias incluye hipótesis
Brugada afirmó que el 86 % de los reportes corresponde a ausencias voluntarias, que pueden estar relacionadas con problemas familiares, conflictos de custodia, pérdida de contacto o cuestiones de salud mental. Utilizó ese porcentaje para rechazar la tesis de la oposición de que el descenso de los homicidios en la capital podría estar vinculado a un aumento de las desapariciones.
Sin embargo, el cálculo no se limita a personas localizadas cuya ausencia voluntaria se haya comprobado. Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda, explicó que el 86,3 % combina las causas verificadas tras encontrar a una persona con hipótesis sobre quienes siguen desaparecidos. Estas últimas se elaboran a partir del contexto de cada caso y de la información facilitada por las familias. Por tanto, el porcentaje incluye situaciones cuyo desenlace y circunstancias aún se desconocen.
La mandataria también señaló que solo el 1 % de las personas desaparecidas y localizadas en 2025 y 2026 había sido víctima de delitos graves, sin que ello implicase necesariamente su muerte. Añadió que el 0,5 % de las personas desaparecidas había sido encontrado sin vida y había sufrido delitos graves, y aseguró que todos esos casos contaban con una investigación abierta.
Los casos relacionados con delitos graves
Gómez Negrete reconoció que en la capital operan grupos criminales responsables de desapariciones asociadas al reclutamiento, la trata, el secuestro y las disputas entre organizaciones delictivas. También mencionó homicidios y feminicidios en los que se oculta a las víctimas.
Entre las 2.208 personas localizadas que habían sido reportadas como desaparecidas en 2026, las autoridades identificaron a 26 víctimas de delitos graves: 14 fueron halladas con vida y 12, muertas. Por otra parte, de las 521 personas que continuaban desaparecidas el 15 de octubre, 59 estaban clasificadas bajo una hipótesis de riesgo delictivo grave, basada en la información familiar y el contexto.
El responsable de la Comisión advirtió de que esos casos no pueden considerarse resueltos mientras no se encuentre a las personas y se conozca la causa de su desaparición. La fiscal general de Justicia capitalina, Bertha María Alcalde Luján, también reconoció que falta profundizar en las investigaciones, especialmente en las más antiguas, una de las principales demandas de las familias.
Qué recogen los registros
El balance histórico de la capital abarca desde 1952 hasta el 15 de octubre de 2026. Según Gómez Negrete, reúne 24.539 reportes: 19.313 personas han sido localizadas y otras 5.226 siguen pendientes de localización.
La Comisión distingue tres situaciones entre esos 5.226 expedientes. En 447 hay indicios de contacto con las personas, pero falta una prueba de vida; en 3.394 no se ha conseguido contactar con quienes notificaron la desaparición; y en 1.385 se ha confirmado que las personas continúan desaparecidas y que sus familias siguen buscándolas.
En el ámbito nacional, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizaba 407.457 personas al 18 de agosto de 2026, incluyendo tanto a las desaparecidas y no localizadas como a las ya encontradas, según el boletín de la Secretaría de las Mujeres de Ciudad de México. El 32,95 % seguía desaparecido o sin localizar y el 67,05 % había sido localizado. Dentro de este último grupo, el 91,39 % fue encontrado con vida y el 8,61 %, sin vida.
Nuevos compromisos y recursos anunciados
En su presentación, Brugada cifró en un 30 % la reducción del número de personas desaparecidas que permanecen sin localizar desde 2024. También reiteró, por tercera vez, que los primeros 30 compromisos asumidos con las familias registraban un avance del 83 %. Desde la reunión de septiembre había expuesto ese balance en distintos actos, entre ellos uno en el Auditorio Nacional y su segundo informe de gobierno ante el Congreso capitalino, sin ofrecer respuestas concretas sobre las investigaciones reclamadas por las familias, según Proceso.
El 27 de octubre anunció además la firma de otros 21 compromisos. Entre las medidas figuran la incorporación de 100 agentes de la Policía de Investigación y 50 del Ministerio Público, con más de 200 millones de pesos adicionales.
Según la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, cumplir los 51 compromisos supone un incremento multianual neto superior a 460 millones de pesos para la política de búsqueda. El presupuesto de la Comisión de Búsqueda pasaría de 24 millones de pesos en 2024 a más de 80 millones en 2027.
