PAN propone penas de hasta 140 años y cadena perpetua para funcionarios coludidos con el crimen organizado
El Partido Acción Nacional presentó una iniciativa para sancionar con penas de hasta 140 años de cárcel, equivalentes a cadena perpetua, a funcionarios públicos que establezcan vínculos con el crimen organizado. La propuesta busca tipificar como delito la colusión de servidores públicos con organizaciones criminales y eliminar la impunidad en casos de narcopolítica.
El coordinador de los diputados panistas, José Elías Lixa Abimerhi, afirmó durante la sesión ordinaria en San Lázaro que el combate a estos vínculos no puede limitarse a licencias o separaciones de cargo, sino que requiere sanciones ejemplares que impidan a los responsables recuperar su libertad.
La narcopolítica, definida por la Real Academia Española como la actividad política donde las instituciones del Estado están influidas por el narcotráfico, describe la infiltración y control que organizaciones criminales ejercen sobre actores e instituciones políticas en países como México.
Punto final a la era de los Rocha Moyas, punto final a la complacencia criminal, punto final a la narcopolítica
declaró Lixa, quien fue designado coordinador del grupo parlamentario del PAN en febrero de 2025 y es diputado federal por Yucatán en su tercera legislatura consecutiva.
Alcance de la reforma propuesta
El diputado José Hinojosa explicó que la iniciativa busca equiparar la colusión de funcionarios con el crimen organizado al delito de traición a la patria, cuando implique utilizar las instituciones del Estado en beneficio de organizaciones criminales. La reforma aplicaría al titular del Ejecutivo Federal, gobernadores, secretarios federales o estatales, integrantes de la Fiscalía General de la República y fiscalías locales, así como al titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Lixa explicó que existen dos formas de establecer una pena de cadena perpetua: denominarla expresamente así, o imponer una pena máxima que en la práctica impida la liberación del responsable. El PAN propone penas de entre 80 y 140 años de prisión, que harían imposible que los condenados recuperen su libertad.
Sin embargo, la viabilidad constitucional de la propuesta enfrenta obstáculos significativos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en diciembre de 2024 que la cadena perpetua es inconstitucional por violar el derecho a la reinserción social establecido en el artículo 18 de la Constitución Federal, aunque algunos estados aún mantienen esta pena en su legislación local. Además, el Congreso del Estado de México aprobó en abril de 2026 una reforma que elimina la prisión vitalicia y establece una pena máxima de 70 años, argumentando que la cadena perpetua vulnera derechos humanos fundamentales.
Yo no sé quién pueda sobrevivir a 80 a 140 años de cárcel. Si existe una persona, quien sea, que haya utilizado las estructuras del gobierno para servir a los criminales, esa persona tiene que estar tras las rejas el resto de su vida
sostuvo el coordinador panista.
El caso Rocha Moya como detonante
La propuesta surge en el contexto de las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 29 de abril de 2026 una acusación formal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, vinculándolo con operaciones de narcotráfico asociadas a Los Chapitos e incluyendo a otros nueve funcionarios y exservidores públicos por delitos como conspiración para importar fentanilo y posesión de armas.
Rocha Moya solicitó licencia temporal el 1 de mayo de 2026 para enfrentar las investigaciones. La FGR lo citó junto a otras nueve personas a declarar el 26 de mayo ante el Ministerio Público Federal en calidad de testigos, según el Gobierno Federal. El 16 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que Estados Unidos no había presentado pruebas que sustentaran la solicitud de detención urgente con fines de extradición, precisando que no había un juicio formal de extradición ni plazo legal para ejecutar una captura.
El 21 de agosto de 2026, Rocha Moya retomó el gobierno de Sinaloa tras casi tres meses de ausencia, afirmando que se puso a disposición de las autoridades sin que le hayan comprobado vínculos con el crimen organizado.
Lixa criticó duramente esta situación, señalando que la respuesta política no puede limitarse a licencias o movimientos parlamentarios.
Hoy de poco sirve decir que obligaron a Rocha Moya nuevamente a pedir licencia o que Inzunza ya no es parte de su grupo parlamentario. Es que la podredumbre ha llegado a lo más alto de las estructuras de este gobierno
La iniciativa también contempla sancionar a integrantes del crimen organizado que atenten contra las instituciones democráticas mediante actos destinados a influir en las decisiones de los poderes del Estado o que busquen incidir en los resultados de una elección popular. Además, plantea investigar y sancionar la conducta de colusión conforme a las disposiciones propuestas y a los términos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Acusaciones de doble estándar en la justicia
El coordinador panista denunció que en México la justicia se aplica con doble rasero. Contrastó el caso de Rocha Moya con el del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador de oposición en la historia de México quien gobernó entre 1989 y 1995.
Ruffo fue detenido el 16 de julio de 2026 en Ensenada por la FGR bajo acusaciones de delincuencia organizada y contrabando de combustible, siendo vinculado a proceso y recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. El PAN considera a Ruffo un preso político.
Mientras el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, es un preso político, el gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, sigue libre, a pesar de los señalamientos de nexos con Los Chapitos, los hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán
afirmó Lixa.
Desafío político en el Congreso
El coordinador panista reconoció que, por la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, el PAN no cuenta por sí solo con los votos necesarios para aprobar la reforma, pero advirtió que cada legislador tendrá que asumir una posición clara.
Cada diputado deberá elegir de qué lado de la historia está
sostuvo.
Ante la posibilidad de que el endurecimiento de la postura panista genere investigaciones o acciones contra integrantes de su propio partido, Lixa rechazó que exista temor en las filas de Acción Nacional.
No me hablen de miedo, aquí miedo no van a encontrar. Vamos a hablar de frente porque no le tenemos miedo a la verdad
concluyó el legislador yucateco.
