Dos revisiones con cifras y alcances distintos
Las filtraciones difundidas por medios mexicanos señalan contratos millonarios relacionados con el empresario José Alfredo Hernández Casillas y graves conflictos de interés. Según esas informaciones, las pesquisas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) abarcan una supuesta red de corrupción que alcanza a 27 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
El titular del OIC, Víctor Hugo Carvente, atribuyó a cinco compañías vinculadas entre sí contratos de material electoral por 2.461 millones de pesos entre 2014 y 2025. Su informe sostiene que simularon competir durante casi una década en 27 OPLE y concentraron el 77 % del mercado. Dentro de ese periodo, las adjudicaciones identificadas entre 2021 y 2025 suman 1.088 millones de pesos, según informó El País México.
La revisión de la ASF tiene un alcance diferente: su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, explicó ante la Cámara de Diputados que dos grupos empresariales acumularon operaciones con diversas entidades públicas por 8.870,3 millones de pesos entre 2014 y 2026. De esa cantidad, 3.790,3 millones correspondieron a organismos electorales locales, según recogieron La Jornada y Excélsior.
Las adjudicaciones bajo examen
Entre los casos documentados por el OIC figura el contrato INE-007-2025, destinado a urnas y mamparas y con un importe de entre 165 y 198 millones de pesos. Según el órgano de control, el INE lo adjudicó directamente por 26 millones más que la propuesta de Talleres Gráficos de México. Además, ante los retrasos, cobró una penalización de solo 26.000 pesos, cuando el cálculo del OIC superaba los 40 millones, informó Excélsior.
En los organismos locales, Hernández Palacios Cardel detalló ante los diputados los importes contratados con el grupo de proveedores de material electoral señalado. Veracruz registró 484,4 millones de pesos; Oaxaca, 370,3 millones; Coahuila, 306,3 millones; Puebla, 286,6 millones; y Nuevo León, 253,9 millones. Según la información publicada por Vanguardia con datos de El Universal, también figuran Baja California, con 223,3 millones; Aguascalientes, con 211 millones; Estado de México, con 163,7 millones; Jalisco, con 159,5 millones; y Yucatán, con 151,1 millones.
En Hidalgo, los contratos del Instituto Estatal Electoral (IEEH) con tres empresas relacionadas entre sí y con Hernández Casillas sumaron 258.519.534,57 pesos. Según Proceso, Cajas Graf recibió 226.155.704,72 pesos; Formas Inteligentes, 16.516.831,47 pesos; y Gráficas Corona JE, 15.849.998,38 pesos. Las adjudicaciones cubrían material y documentación electoral, además de simulacros de los procesos de 2020, 2021 y 2022.
El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) ha comenzado a revisar la documentación y el material electoral contratado desde 2014. Sus hallazgos preliminares incluyen al menos tres contratos con Cajas Graf, vinculada a Hernández Casillas. Uno de ellos, adjudicado mediante licitación pública nacional en 2025 para suministrar material electoral, ascendió a 15.897.000 pesos, según Vanguardia.
Expedientes abiertos y exigencias de responsabilidad
Carvente informó de la imputación formal de cinco empleados públicos del INE por presuntas faltas administrativas graves dentro de las investigaciones sobre la gestión de Taddei. Según Excélsior, hay 18 expedientes abiertos, de los cuales 13 siguen en investigación.
La comparecencia del responsable del OIC ante la Cámara de Diputados también confirmó que el órgano conocía desde mayo de 2026 las irregularidades que comprometían aquella gestión. El País México señaló que esa circunstancia ha abierto otro debate sobre la responsabilidad de quienes debían detectar y detener esas prácticas.
La presidenta de México declaró que Taddei "traicionó la confianza del pueblo de México" y solicitó a la ASF una auditoría profunda de su gestión y de periodos anteriores, que incluyera a 27 OPLE.
Por su parte, Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados de Morena, exigió en nombre de su bancada consecuencias penales para la expresidenta del INE y afirmó que "debe ir a la cárcel". Según El País México, también reclamó a la Fiscalía General de la República una investigación de oficio y medidas sobre los bienes y las cuentas de las empresas señaladas.
Antecedentes en los institutos electorales
En su columna de Milenio, Bernardo Barranco sitúa el caso en una sucesión de irregularidades en los organismos electorales y sostiene que la salida de Taddei no resuelve el problema. Entre los antecedentes que cita están la destitución de todos los consejeros del OPLE de Chiapas en 2016 por irregularidades y la del consejero presidente de Nayarit en 2019 por malos manejos financieros. En Campeche, el consejo fue destituido en 2023 por faltas administrativas y abuso de autoridad.
Barranco también recuerda el caso del Estado de México de 2005. A dos meses de las elecciones, salió a la luz una contratación amañada de Cartonera Plástica, que había distribuido recursos para obtener la licitación de materiales electorales con un sobrecoste de 43 millones de pesos. El escándalo provocó la dimisión de todos los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM). El columnista reclama investigar a fondo el pasado reciente para ofrecer garantías de transparencia a la ciudadanía.
La ASF solicita información desde el año 2000
La ASF ha enviado 32 oficios a los gobernadores para recabar información sobre las participaciones federales del Ramo 28 que reciben los OPLE. La petición busca reconstruir la evolución financiera de estos organismos desde el año 2000 y detectar posibles sobreprecios.
Según Excélsior, Hernández Palacios Cardel anticipó que las primeras denuncias derivadas de las auditorías se presentarán, como muy tarde, en febrero.
