La resolución impugnada y la suspensión
La aclaración de la FGR figura en el boletín 770/26, fechado el 1 de noviembre de 2026, según Infobae. Reforma recogió la posición de la Fiscalía sobre la continuidad del proceso.
La suspensión definitiva se concedió el 29 de octubre en el juicio de amparo 1085/2026. La resolución corresponde a Azucena Lazalde Íñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, de acuerdo con Excélsior y La Jornada.
El amparo cuestiona el auto de vinculación a proceso dictado en julio de 2026 por la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega. La magistrada pertenece al Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Según La Jornada, la vinculación impugnada incluye cuatro delitos: delincuencia organizada, contrabando de hidrocarburos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De la detención a la prisión domiciliaria
Agentes federales detuvieron a Ruffo Appel el 16 de julio de 2026 y lo llevaron a las instalaciones de la FGR en Tijuana, Baja California. Una semana después, el 23 de julio, fue vinculado a proceso junto con otras siete personas, según La Razón.
En septiembre, la FGR intentó revertir una suspensión que impedía avanzar en el procedimiento. El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México rechazó por unanimidad su recurso de queja al declararlo infundado, por lo que la medida cautelar quedó confirmada, informó el mismo diario.
Ruffo Appel abandonó el penal del Altiplano el 26 de septiembre de 2026 para cumplir prisión domiciliaria en Ensenada, Baja California. La Jornada atribuyó el cambio de medida cautelar a una autorización judicial que tuvo en cuenta sus 74 años y sus problemas de salud.
La presunta red de contrabando
La investigación de la FGR relaciona a Ruffo Appel con una presunta red que transportaba ilegalmente combustibles en vagones cisterna a través de Ingemar. Excélsior señala que el exgobernador es socio fundador de la empresa y secretario de su consejo de administración.
Según la versión de la FGR recogida por El Siglo de Torreón, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificó una red que utilizaba esos vagones y operaba mediante una empresa dedicada a actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos. La Fiscalía sitúa a Ruffo Appel entre sus principales socios y sostiene que la sociedad registró movimientos millonarios en cuentas nacionales que no se correspondían con su perfil fiscal.
La Razón recoge que, según las investigaciones federales, la red habría transportado más de 18,2 millones de litros de diésel y gasolina en 163 vagones cisterna, eludiendo contribuciones fiscales y normas aduaneras. El origen de la causa está en la incautación de unidades cargadas con hidrocarburos en Coahuila: se localizaron 33 vagones en Ramos Arizpe y otros 96 en Saltillo.
