El desistimiento y la resolución judicial
La decisión se adoptó por unanimidad el 14 de julio de 2026, cuando el tribunal concedió a Grupo Herdez una suspensión definitiva con efectos restitutorios. Según La Crónica de Hoy, dispuso que el desistimiento no tuviera efecto alguno y que el procedimiento siguiera ante el juez que estuviera a cargo del asunto.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México había renunciado a ejercer la acción penal el 19 de mayo, durante la continuación de la audiencia intermedia. El juez de control José Alfredo Sotelo Llamas aceptó la petición y acordó el sobreseimiento de la causa. El argumento de la Fiscalía era que se había agotado el plazo para perseguir el delito.
Sin embargo, al resolver el amparo en revisión 201/2026, el tribunal situó el inicio del plazo de prescripción de cuatro años en la fecha del laudo: el 5 de enero de 2023. También determinó que la ratificación de la denuncia, en diciembre de 2024, había interrumpido ese cómputo. Por ello, concluyó que el delito no había prescrito cuando se emitió la orden de aprehensión.
León Escamilla permanece detenida. La Jornada informó el 11 de octubre de 2026 de que llevaba 22 meses en el penal de Santa Martha Acatitla sin sentencia.
La demanda laboral y la declaración de León
El origen del caso se remonta al expediente laboral 578/2007. Según la versión de León Escamilla recogida por Capital México, el abogado Humberto Cavasos Chena le encargó ese asunto cuando ella trabajaba en su bufete. Alfredo Jorge Colín Huerta, presentado como supuesto trabajador, había demandado a varias empresas del Grupo Herdez.
Proceso precisa que la demanda de 2007 se dirigió contra Grupo Herdez y otras 19 empresas, entre ellas Grupo Modelo, Compañía Mexicana de Aviación, Barcel y Jugos del Valle.
En su declaración del 11 de septiembre de 2025 ante la Fiscalía capitalina, posteriormente difundida, León afirmó que ella y otros abogados solicitaron 20 millones de pesos en efectivo al grupo empresarial para evitar que se embargaran sus cuentas. Aseguró que actuaron por instrucciones de su jefe y que, al realizar averiguaciones con el grupo, descubrió que el demandante nunca había trabajado en ninguna de esas empresas y que, al parecer, había obtenido un beneficio económico.
Según Proceso, la abogada también señaló en esa declaración que el despacho Cavazos Flores recibía apoyo del bufete penalista Oléa & Bonilla en el presunto esquema de litigios simulados.
El abogado al que León atribuye el encargo, señalado como autor de la estrategia jurídica contra Grupo Herdez, es hijo del fallecido Baltasar Cavazos Flores. Según Proceso, este último fue uno de los autores de la Ley Federal del Trabajo vigente, magistrado del Banco Interamericano de Desarrollo y asesor jurídico de la Coparmex.
Por su parte, Enrique González Casanova, abogado general de Grupo Herdez, explicó a Proceso que el laudo condenatorio permitió embargar las oficinas centrales del grupo, una planta productiva y una cuenta fiscalizadora que contenía más de 650 millones de pesos. La empresa recuperó posteriormente esos bienes.
La causa federal y las pesquisas de la FGR
Además del procedimiento local, desde marzo de 2025 está abierta la causa penal federal 135/2025 en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur. Según La Crónica de Hoy, abarca los mismos hechos y a las mismas tres personas, y en ella se dictaron órdenes federales de aprehensión el 25 de marzo de 2025.
La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación sobre una posible red de fraudes contra Grupo Herdez a través de litigios laborales presuntamente simulados. En esos procedimientos se habrían reclamado indemnizaciones millonarias y promovido intentos de embargo.
Las pesquisas tratan de determinar si hubo una estructura organizada que promovía litigios mediante presión económica y de identificar a las personas que habrían intervenido.
