El ataque y las primeras diligencias
Pérez Pérez se encontraba en un taller mecánico cuando fue atacado, según la reconstrucción preliminar de las autoridades. Los primeros informes sitúan el homicidio en torno a las 16:00 del miércoles y apuntan a dos hombres que circulaban en motocicleta como presuntos autores de los disparos. La víctima recibió varios impactos de bala.
Tras la huida de los atacantes, las fuerzas de seguridad iniciaron un operativo de búsqueda en la zona. La participación de los dos hombres sigue pendiente de corroboración: no se ha comunicado ninguna detención ni se ha confirmado públicamente el móvil.
El fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció que supervisa personalmente las pesquisas y que se desplazó a San Cristóbal de Las Casas por acuerdo de la Mesa de Paz, encabezada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. Un equipo especial de agentes del Ministerio Público, investigadores y peritos se encarga de reunir pruebas, reconstruir los hechos e identificar a los responsables. El fiscal se comprometió a que el crimen no quede impune.
Más de una década junto a comunidades desplazadas
La labor de Pérez Pérez en Los Altos de Chiapas incluía registrar agresiones, trasladar denuncias a las autoridades y gestionar atención para personas obligadas a abandonar sus hogares. Durante más de una década acompañó a comunidades afectadas por la violencia y participó en la búsqueda de acuerdos pacíficos en conflictos sociales y territoriales.
Entre las familias a las que prestaba apoyo estaban las de Santa Martha, en Chenalhó, que huyeron de los enfrentamientos armados y se refugiaron en Polhó. Amnistía Internacional señaló que, desde 2024, también trabajaba con mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en Pantelhó. Su actividad comprendía además la mediación en disputas territoriales de la región, incluidas las de Aldama y Chenalhó y las tensiones agrarias relacionadas con Chalchihuitán.
El desplazamiento que atendía el defensor está documentado por organizaciones de derechos humanos. En 2021, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos registró un episodio masivo que afectó a 3.205 personas en Chenalhó y Pantelhó. Lo vinculó a la violencia política, las disputas territoriales y los enfrentamientos entre grupos armados.
Amnistía citó también datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, conocido como Frayba, que cifran en 24.510 las víctimas de desplazamiento forzado interno en Chiapas.
Las amenazas y la protección federal
Según Amnistía Internacional, antes de su asesinato Pérez Pérez había sufrido amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados. Su situación había llegado tanto a las autoridades mexicanas como a los procedimientos especiales de Naciones Unidas.
El informe remitido por México a la ONU, recogido por Infobae, señala que el personal del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas contactó con él el 3 de junio de 2023. La intervención se produjo después de conocerse un ataque armado que dejó siete personas desplazadas muertas y otra herida.
Diez días después, el 13 de junio, Pérez Pérez y el defensor José Vásquez Gutiérrez fueron incorporados al mecanismo, según la respuesta oficial mexicana. El caso se trató posteriormente en una sesión ordinaria de su Junta de Gobierno, en enero de 2024.
El 17 de febrero de 2025, cuatro mandatos de procedimientos especiales de la ONU remitieron al Gobierno mexicano la comunicación conjunta AL MEX 1/2025 sobre presuntos ataques contra ambos defensores. La firmaron la relatora especial sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, y los relatores Morris Tidball-Binz, Gina Romero y Albert K. Barume, según Infobae.
La comunicación solicitaba detalles de los incidentes de seguridad denunciados desde octubre de 2022 y de las medidas adoptadas para que los dos activistas pudieran seguir trabajando sin amenazas, intimidación ni agresiones. México respondió en un documento fechado el 6 de marzo de 2025, transmitido a Naciones Unidas el 1 de abril de ese año, en el que informó de su incorporación al mecanismo y del tratamiento del caso ante la Junta de Gobierno.
Infobae señala que Pérez Pérez colaboraba con la organización "Derechos Humanos Cuerpos Diplomáticos de Paz", mientras que Vásquez Gutiérrez pertenecía a "Las Abejas de Nuevo Yibeljoj".
Amnistía pide investigar su activismo como posible móvil
Amnistía Internacional condenó el asesinato el 29 de octubre de 2026, expresó su "indignación" y pidió a las autoridades mexicanas que incluyan la actividad del defensor entre las líneas de investigación. Por ahora, no se ha establecido que exista una relación entre su trabajo y el ataque.
La organización recordó otros asesinatos de defensores indígenas en Chiapas: el del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en 2024, y el del activista Simón Pedro Pérez López, en 2021.
Ese mismo 29 de octubre, representantes de la sociedad civil denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida en una audiencia en Panamá, que 103 defensores de derechos humanos habían sido asesinados y otros diez habían sido víctimas de desaparición durante los dos últimos años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los dos primeros del de Claudia Sheinbaum, según informó Proceso.
