Dos meses para completar la investigación
La resolución judicial se dictó el 31 de octubre de 2026, según informaron La Razón de México e Infobae México. El imputado está recluido en el Reclusorio Preventivo Norte, situado en la alcaldía Gustavo A. Madero. El juez de control estableció un plazo de dos meses para cerrar la investigación complementaria, durante el cual podrán añadirse pruebas al expediente.
La vinculación a proceso no equivale a una condena. La investigación debe esclarecer cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades penales.
Las alertas y los hallazgos en el parque
Las primeras alertas se difundieron el martes 27 de octubre. El Hospital Veterinario Vetme, de la calle Pachuca, advirtió en redes sociales de que había atendido a perros con síntomas de intoxicación después de pasear por el Parque España, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. Los avisos de varios propietarios sobre el estado de sus mascotas dieron paso a la investigación.
Las autoridades han recibido tres denuncias de los dueños. Según las investigaciones capitalinas, seis perros se intoxicaron al consumir comida contaminada en zonas verdes del sector: cuatro fallecieron y los otros dos recibieron atención médica especializada, sobrevivieron y obtuvieron el alta.
Durante la inspección del parque, personal de la Fiscalía capitalina y autoridades de distintos niveles de gobierno localizaron 14 cebos de carne que contenían cápsulas. Los análisis periciales iniciales identificaron metomilo, un insecticida de elevada toxicidad.
Según Milenio, el metomilo pertenece a la familia de los carbamatos y actúa como insecticida y acaricida. Su uso principal es agrícola, para combatir plagas en cultivos como la alfalfa, el maíz, el tomate, el chile y la patata.
El operativo de limpieza y la detención
El 28 de octubre, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ordenó una limpieza del Parque España, el Jardín Pushkin y la Plaza Río de Janeiro. Proceso informó de que participaron más de 100 trabajadores, seis camiones volquete, camiones cisterna de agua y maquinaria. La fiscal general, Bertha Alcalde, y la jefa de Gobierno, Clara Brugada, también se pronunciaron públicamente sobre el caso.
Dos días después, la mañana del 30 de octubre, Salvador "N" fue detenido en el cruce de las calles Atlixco y Juan Escutia, en la Condesa. El motivo inicial fue el delito de resistencia de particulares: presuntamente había insultado y agredido a policías durante una revisión preventiva.
A las 13:55 de ese mismo día, agentes de la Policía de Investigación ejecutaron una orden de detención contra él por su presunta participación en el delito de maltrato y crueldad animal.
Entre las líneas de investigación figura una posible relación con una agresión sufrida por uno de sus hijos a manos de un perro en la zona, días antes de los envenenamientos. Las autoridades la consideran una hipótesis sobre el móvil, no un motivo probado en el procedimiento.
Las penas previstas por lesiones y muerte
El Código Penal de la Ciudad de México distingue entre los actos dolosos de maltrato o crueldad que lesionan a un animal no humano y los que le causan la muerte. Estos son los rangos legales generales, no una condena impuesta a Salvador "N".
Si la crueldad provoca lesiones, daños o alteraciones de la salud, el artículo 350 Bis prevé entre uno y tres años de prisión y una multa de 300 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con el valor diario de referencia para 2026, de 117,31 pesos, la sanción económica oscila entre 35.193 y 58.655 pesos.
Cuando el animal muere, el artículo 350 Ter establece entre dos y seis años de cárcel. La multa puede alcanzar las 1.200 UMA; el rango económico para 2026 va de 70.386 a 140.772 pesos. Ninguna de estas cantidades incluye los posibles incrementos por agravantes.
En los supuestos de lesiones, el artículo 350 Bis permite elevar las sanciones hasta en dos terceras partes si se pone en riesgo la vida del animal, se perjudica el funcionamiento de sus órganos o se restringe su movilidad de forma temporal o permanente. También contempla ese aumento para las mutilaciones que no respondan a procedimientos veterinarios destinados a su bienestar.
Si el maltrato termina en muerte, el artículo 350 Ter permite aumentar la pena hasta en dos terceras partes cuando se hayan empleado métodos que ocasionen sufrimiento grave antes del fallecimiento.
