Una rebaja del 99,43 % sin justificación pública
El reportaje, publicado el 1 de noviembre de 2026, vincula a las dos proveedoras con el empresario José Alfredo Hernández Casillas. El contrato ascendía a 198,7 millones de pesos y fijaba unos plazos de entrega que ambas incumplieron. La posterior revisión de la penalización supuso descontar 4.555.153 pesos, aproximadamente el 99,43 % del importe inicial.
La información difundida no detalla las razones técnicas o administrativas de la rebaja ni identifica a los funcionarios que la autorizaron. Tampoco aclara si las empresas han abonado la cantidad definitiva o si los retrasos afectaron a la preparación de los comicios.
Del concurso público a la contratación directa
La adjudicación a Cajas Graf y TOL Producciones llegó después de un concurso fallido. EMEEQUIS documentó que el INE publicó el 28 de enero de 2025 la licitación LP-INE-001/2025 para comprar urnas, mamparas y dados marcadores. El organismo la declaró desierta el 7 de febrero porque, según el acta citada por ese medio, las ofertas no reunían todos los requisitos técnicos.
Reforma señala que se presentaron ocho propuestas y que tres de los participantes pertenecían a un mismo grupo familiar relacionado con Hernández Casillas. El medio sostiene que hubo una competencia simulada. Esa acusación, sin embargo, no equivale a una resolución administrativa o penal: los vínculos entre los participantes no bastan por sí solos para establecer responsabilidades.
Entre los funcionarios que intervinieron en el procedimiento de adjudicación directa, Reforma menciona a Edgardo Amaya Robles, entonces director de Recursos Materiales y Servicios del INE. Lo sitúa como colaborador cercano de Taddei y señala que antes había trabajado en el Gobierno de Sonora durante la administración de Alfonso Durazo. La información publicada no recoge una resolución firme que le atribuya a él o a Taddei responsabilidad por la rebaja de la penalización.
Sobre la capacidad económica de una de las adjudicatarias, Expansión Política informó de que TOL Producciones, ligada a la familia Hernández Casillas, había declarado ingresos de solo 200.000 pesos en 2024. Al año siguiente obtuvo junto con Cajas Graf el contrato de materiales para la elección judicial.
Los antecedentes de los proveedores y sus vínculos con el INE
Las contrataciones de empresas relacionadas con Hernández Casillas preceden a la presidencia de Taddei. La Jornada publicó el 26 de octubre una revisión de la Plataforma Nacional de Transparencia que identificó operaciones desde 2018, cuando Lorenzo Córdova presidía el INE. El empresario está vinculado a compañías que suministran urnas, mamparas y otros materiales electorales.
Expansión Política también documentó contratos de Cajas Graf por 16 y 46 millones de pesos durante la etapa en que Taddei presidió el Instituto Electoral de Sonora. Según ese medio, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas de Cajas Graf y Corporativo Zeg en 2024, y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) les abrió en mayo de ese año un expediente por posibles prácticas monopólicas. El INE les adjudicó contratos directamente en 2025 pese a esos antecedentes.
El mismo medio describió vínculos entre los proveedores y personal del instituto. Jesús Octavio García González representó legalmente a Cajas Graf y Corporativo Zeg en 2023 y después ocupó la Dirección de Administración del INE, de septiembre de 2025 a abril de 2026, bajo la presidencia de Taddei.
Expansión Política señaló además que Jonathan Navarrete Torres, apoderado para pleitos y cobranzas de los hermanos Hernández Casillas, trabajaba en el organismo como supuesto chófer de Taddei.
Contratos federales y locales bajo examen
La revisión de los proveedores alcanza también a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), encargados de organizar las elecciones en las entidades federativas en coordinación con el INE. Estas instituciones compran urnas, mamparas y otros suministros para los centros de votación.
Según Reforma, el Órgano Interno de Control (OIC) del INE detectó una red empresarial que reunió al menos 2.561 millones de pesos en contratos con los OPLE a lo largo de 12 años. El 77 % del importe correspondía a los cinco años más recientes del periodo examinado. Se trata de contrataciones de distintas administraciones y procesos electorales, no exclusivamente de la presidencia de Taddei.
La Razón recogió otra cifra en la comparecencia del titular del OIC, Víctor Hugo Carvente Contreras, ante diputados el 30 de octubre de 2026: 2.461 millones de pesos entre 2014 y 2025 por ventas de material electoral a los OPLE. Ese reporte identificó cinco empresas presuntamente vinculadas entre sí: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México. También situó el 77 % del importe en los últimos cinco años del periodo.
La investigación de oficio de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre contrataciones del INE y los OPLE abarca, por su parte, dos grupos empresariales. Su titular, Aureliano Hernández Palacios Cardel, comunicó el 30 de octubre de 2026 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que el equipo auditor había determinado que esos grupos recibieron contratos por hasta 8.870 millones de pesos entre 2014 y 2026.
Expedientes abiertos y salida de Taddei
Carvente Contreras informó ese mismo 30 de octubre de la existencia de 18 expedientes por posibles conflictos de interés en contrataciones. De ellos, 13 seguían en investigación y cinco habían pasado a un procedimiento de responsabilidades. Cinco servidores públicos estaban ya imputados por presuntas faltas administrativas graves, entre ellas actuación bajo conflicto de interés u ocultamiento.
Taddei había dimitido de la presidencia del INE en octubre de 2026, entre señalamientos por presuntos conflictos de interés con proveedores electorales. Expansión Política la identificó como la primera persona que renunciaba a la presidencia del instituto bajo sospechas de presunta corrupción. Según Proceso, su salida estuvo acompañada por la de al menos 15 integrantes de su grupo.
