Los contratos y las conexiones entre empresas
El recuento publicado por AM asciende a un mínimo de 2561 millones de pesos y abarca únicamente materiales electorales: quedan fuera los sistemas tecnológicos, la logística y otros servicios. El medio sitúa en los últimos cinco años el 77 % de lo contratado, que cifra en 1883 millones y 95 000 pesos.
El Órgano Interno de Control (OIC) identificó una alianza entre Cajas Graf y Corporativo Zeg, de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, y otras tres sociedades: Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales y Seriplast de México. Según su análisis, accionistas, representantes y apoderados figuraban sucesivamente en distintas compañías de la red. Entre ellos había hijos, otros familiares, amigos y empleados de los hermanos.
Cajas Graf encabeza las adjudicaciones: obtuvo contratos de 20 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) por 1072 millones y 876 165 pesos. Según AM, no fabrica artículos, sino que subcontrata los servicios. Su administrador único actual es José Andrés Hernández Rocha, a quien el medio señala como hijo de Raymundo, aunque su nombre no figura en el análisis del OIC.
Formas Finas y Materiales ocupa el segundo puesto por importe, con 815,9 millones de pesos. Corporativo Zeg recibió 278,7 millones; entre quienes han ejercido su representación legal figuran un chófer, un actor y un exadministrador del INE. Los contratos de Comercializadora JVLY sumaron 208,3 millones y los de Seriplast de México, 85,1 millones.
Cómo describe el contralor la presunta colusión
Solo 53 de los 106 contratos se adjudicaron mediante licitación pública. En su comparecencia ante diputados, el contralor del INE, Víctor Hugo Cervante, sostuvo que las empresas habían simulado competir y recalcó que el problema no se limitaba al instituto federal, sino que afectaba también a los organismos electorales locales.
El mecanismo que describió comenzaba con ofertas excesivamente caras presentadas por dos empresas del mismo grupo, con las que otra podía elevar artificialmente su precio. Después se descartaban las propuestas más baratas, incluida alguna por incumplimientos técnicos, y ganaba la oferta inflada. Según el contralor, las empresas compartían luego el dinero y se repartían el mercado mediante acuerdos, no por una coincidencia espontánea.
Dentro de las 53 licitaciones examinadas, atribuyó a Cajas Graf y Formas Finas una competencia simulada en 24 casos. En otros 15 participó también Zeg. Graf y Zeg, ambas de la familia Hernández, concurrieron juntas en ocho, mientras que Formas y Zeg coincidieron en dos más.
El informe del OIC recoge además aumentos de precios de hasta 88 veces en determinados insumos electorales entre 2021 y 2024, junto con posibles simulaciones de concursos e incumplimientos de contratos.
Cuentas bloqueadas y un contrato de voto electrónico
Las empresas siguieron facturando pese al bloqueo de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a la apertura de un procedimiento ante la COFECE por monopolios durante 2023 y 2024, según AM. MVS Noticias concreta el alcance de las medidas de la UIF en ese periodo: 70 cuentas bancarias bloqueadas y más de 400 productos financieros congelados vinculados a la red.
Comercializadora JVLY tiene abiertos procesos por diversas irregularidades. Entre los casos expuestos ante los diputados, el contralor señaló un contrato de más de 48 millones de pesos que se le adjudicó para operar el sistema de voto electrónico desde el extranjero. Afirmó que la documentación fiscal y las opiniones de cumplimiento que supuestamente había presentado la adjudicataria pertenecían en realidad a otra compañía.
Contrataciones anteriores y vínculos con el INE
Otro recuento, publicado por La Jornada a partir de contratos disponibles en la Plataforma Nacional de Transparencia, documenta al menos 49 adjudicaciones del INE y de decenas de OPLE a la red entre 2018 y 2025. Su importe asciende a 1450 millones y 443 771,40 pesos. Ese conjunto de contratos comenzó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando Lorenzo Córdova presidía el Consejo General del INE.
La Jornada también informó del nombramiento de Octavio García como director ejecutivo del INE por Guadalupe Taddei. Antes había representado jurídicamente a Cajas Graf y Corporativo Zeg, al menos en Campeche y Jalisco, donde las dos empresas vendieron materiales a los institutos electorales estatales.
El estado de las investigaciones
El OIC tiene abiertos 18 expedientes: 13 siguen en investigación y cinco han pasado a procedimientos de responsabilidad administrativa. En estos últimos se atribuyen a servidores públicos presuntos conflictos de interés o el ocultamiento de esa condición. El contralor subrayó el carácter preliminar de los hallazgos y la ausencia de resoluciones definitivas.
Según lo expuesto en la Cámara de Diputados, el órgano de control conocía desde mayo de 2026 las irregularidades que comprometían la gestión de Taddei, aproximadamente seis meses antes de que el caso se hiciera público. La expresidenta, que había negado que su administración favoreciera a empresas, formalizó su salida del INE el lunes 26 de octubre de 2026.
Tras difundirse las indagatorias y la presentación del OIC, la Auditoría Superior de la Federación anunció que investigaría de oficio el uso de recursos públicos en el INE y sus proveedores. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la revisión incluyera tanto la administración reciente como ejercicios anteriores.
