Peticiones de intervención a la Fiscalía, el SAT y la Cofece
El legislador sostuvo que Taddei debe ir a la cárcel y extendió su petición de intervención al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Propuso un "maxiproceso" contra lo que describió como un "cártel" y un "sistema de coyotaje electoral".
Ramírez Cuéllar vinculó su exigencia al proceso electoral de 2027. Afirmó que las investigaciones recientes "muestran indicios suficientes para actuar con contundencia y mucha profundidad" y reclamó que la Cámara de Diputados radicalice las acciones contra la corrupción.
Cinco empresas y contratos por 2.461 millones de pesos
La exposición de Víctor Hugo Carvente, titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, situó bajo sospecha a cinco proveedores: Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY y Seriplast de México. Según el informe presentado a los diputados, estas empresas compartían socios y representantes legales mientras aparentaban competir unas con otras.
Entre 2014 y 2025, las cinco compañías consiguieron contratos por 2.461 millones de pesos y concentraron el 77% del mercado en 27 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), de acuerdo con el OIC.
El informe también señaló una adjudicación de más de 48 millones de pesos a Comercializadora JVLY para operar el voto electrónico desde el extranjero. La documentación fiscal y las opiniones de cumplimiento supuestamente aportadas por esta empresa pertenecían, en realidad, a otra compañía.
Las pesquisas vinculan al contratista José Alfredo Hernández Casillas con Cajas Graf y Seriplast de México. Taddei dimitió después de que se conocieran sus acuerdos con él, con lo que interrumpió el mandato que había iniciado en abril de 2023 y que debía terminar en 2032. Al explicar su salida, sostuvo que pretendía preservar la estabilidad, la credibilidad y la independencia del INE por encima de intereses personales o coyunturales.
Según El País México, la presentación del OIC confirmó que el organismo fiscalizador ya conocía en mayo de 2026 las irregularidades que comprometían la gestión de Taddei, meses antes de que el caso se hiciera público.
Expedientes abiertos y alcance de las auditorías
El OIC comunicó a la Cámara que había abierto 18 expedientes: 13 seguían bajo investigación y cinco habían pasado a un procedimiento de responsabilidades. Cinco funcionarios del INE estaban formalmente imputados por presuntas faltas administrativas graves; sus identidades se mantuvieron reservadas para respetar el debido proceso.
Por su parte, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández, informó de que la investigación ya estaba en marcha. Su alcance comprende al INE y a los OPLE por irregularidades entre 2014 y 2026, así como a dependencias públicas, empresas, proveedores y servidores públicos que pudieran estar relacionados, incluidas las áreas de comunicación social y jurídicas.
Hernández ha precisado que las posibles denuncias penales se tramitarán, si procede, una vez concluidas las auditorías.
