La posibilidad de un segundo juicio sigue abierta
William Sullivan anunció que no resolvería este lunes la moción para desestimar los cargos contra Lindsay Clancy y que estudiaría los argumentos expuestos. El primer juicio terminó sin veredicto el 4 de septiembre de 2026, al no alcanzar el jurado un acuerdo sobre su responsabilidad penal por la muerte de sus tres hijos.
La defensa reclama el archivo por falta de pruebas y por la protección constitucional contra ser juzgada dos veces por los mismos hechos. La Fiscalía del condado de Plymouth mantiene que buscará justicia por los tres menores, aunque todavía no ha confirmado si celebrará un segundo juicio.
Sullivan valoró las intervenciones de los abogados como útiles y bien planteadas. También retomó una referencia del defensor Martin Weinberg al presidente John Adams: comentó que tiene una figura suya con cabeza oscilante y que procuraría tener presentes sus enseñanzas y escritos.
El debate sobre las preguntas al jurado
Weinberg pidió revisar las decisiones adoptadas durante las deliberaciones, cuando, según sostuvo, el tribunal no disponía de toda la información que tiene ahora. Su argumento se centró en si existían alternativas antes de declarar el juicio nulo. Recalcó que Clancy tenía derecho a 12 jurados imparciales, no a 11, y puso así en cuestión la imparcialidad del miembro que mantuvo la discrepancia.
El abogado sostuvo que Sullivan debía haber profundizado en las notas de la presidencia del jurado sobre un miembro que presuntamente no seguía las instrucciones relativas a la duda razonable. A su juicio, pedir más aclaraciones habría permitido entender el problema y constituía una alternativa viable a terminar el juicio sin veredicto.
Sullivan le recordó que había llamado al jurado para comprobar si entendía sus instrucciones. Weinberg respondió que hacían falta preguntas más detalladas, aunque aclaró que no pretendía limitar las deliberaciones ni el derecho de un miembro a disentir. En su réplica añadió que un interrogatorio más exhaustivo no habría supuesto necesariamente apartar a ese jurado, pero que aun así era necesario.
La fiscal adjunta Jennifer Sprague defendió la actuación del tribunal. Sostuvo que los abogados habían podido exponer sus posiciones y que el juez había examinado repetidamente las alternativas. Según su argumento, las notas reflejaban la interpretación de quien presidía el jurado sobre lo ocurrido durante las deliberaciones, sin indicios de un conflicto personal.
"Este jurado no se negó a deliberar, se negó a estar de acuerdo", afirmó Sprague. Añadió que no veía cómo formular nuevas preguntas sin entrar en el contenido de las deliberaciones, un ámbito que, según defendió, no correspondía valorar ni a los abogados ni al tribunal.
Una división de 11 a 1 y versiones enfrentadas
Durante casi seis semanas declararon más de 80 testigos. El jurado debía determinar si Clancy era penalmente responsable o si procedía absolverla por enajenación mental. La división final fue de 11 a 1. Según el abogado defensor Kevin Reddington, el miembro disidente se negaba a aplicar la ley sobre la duda razonable.
Tres integrantes del jurado dijeron a NBC10 Boston que ese hombre había reconocido tener dudas razonables, pero aun así rechazaba una absolución por enajenación mental. Sus relatos indican que la mayoría se inclinaba por absolver a Clancy por falta de responsabilidad penal. Otros miembros también le atribuyeron haberse desvinculado de las conversaciones y haber consultado el móvil durante las deliberaciones.
El jurado disidente, identificado como Michael Desronvil, ofreció una versión distinta. En un comunicado del 17 de septiembre afirmó que las pruebas apuntaban a la culpabilidad y que no tenía dudas. Posteriormente pidió que la atención se centrara en los tres niños fallecidos.
Las mociones presentadas desde septiembre
El 29 de septiembre, ambas partes solicitaron que no se fijara otra fecha de juicio hasta resolver las mociones pendientes. En aquella audiencia, la defensa sostuvo que no había pruebas de que Clancy hubiera matado a sus hijos, una tesis que la fiscalía calificó de risible.
Los fiscales Shanan Buckingham y Jennifer Sprague también solicitaron una orden para restringir las declaraciones públicas sobre el caso, con el argumento de evitar el ambiente de carnaval que, a su juicio, había rodeado al juicio. Sullivan señaló el 2 de noviembre para abordar esa solicitud, la petición de desestimación y la de interrogar al jurado disidente.
Antes de esa fecha, el juez ya había resuelto dos peticiones. El 1 de octubre rechazó una moción de la defensa al concluir que las pruebas de la acusación bastaban para que un jurado razonable pudiera condenar a Clancy por asesinato. El 21 de octubre también denegó la celebración de una audiencia para interrogar al miembro que había mantenido el desacuerdo.
Los hechos y la disputa sobre la responsabilidad penal
Los servicios de emergencia acudieron el 24 de enero de 2023 a la vivienda familiar de Duxbury, Massachusetts, tras una llamada al 911. Encontraron en el sótano a Cora, de 5 años, y Dawson, de 3, muertos por estrangulamiento. Callan, de 8 meses, seguía con vida, pero falleció tres días después.
Según los testimonios del juicio recogidos en la cronología de CNN, Clancy había enviado a su entonces marido, Patrick, a buscar la cena y medicamentos a una farmacia CVS. Durante su ausencia estranguló a los niños con bandas elásticas de ejercicio. Después se cortó las muñecas y el cuello y saltó por una ventana de la segunda planta. Los informes oficiales y los testimonios la sitúan en el patio trasero cuando fue encontrada.
El intento de suicidio le causó una parálisis de cintura para abajo. Acudió a las sesiones del juicio en silla de ruedas y acompañada por dos enfermeras.
La acusación defendió que Clancy actuó de manera intencional y deliberada. Aunque reconoció sus problemas de salud mental, sostuvo que había planeado los hechos porque quería acabar con su vida. La defensa, en cambio, atribuyó lo ocurrido a una psicosis posparto que la habría privado de responsabilidad penal. Alegó que, pese a buscar ayuda, no recibió un tratamiento adecuado, fue sobremedicada y sufrió un brote psicótico.
Clancy lleva más de tres años internada en un hospital psiquiátrico estatal y seguiría bajo custodia si hubiera un segundo juicio. Por su parte, Postpartum Support International informó de un aumento aproximado del 50 % en las llamadas a su línea de ayuda en Massachusetts desde el comienzo del juicio.
Las demandas civiles por la atención psiquiátrica
Patrick Clancy, ahora exmarido de Lindsay, presentó una demanda por la muerte de sus hijos contra la psiquiatra Jennifer Tufts, la enfermera psiquiátrica Rebecca Jollotta y sus respectivas consultas, Aster Mental Health y South Shore Health. La demanda alega negligencia médica y que no se diagnosticó un trastorno bipolar. Lindsay Clancy interpuso otra demanda civil similar.
Los cuatro demandados solicitaron conjuntamente la desestimación en abril. Tras escuchar los argumentos el 28 de octubre de 2026, el juez Michael Doolin dejó la petición pendiente de estudio, sin dictar una resolución inmediata.
