La aceptación de los denunciantes y las condiciones de pago
The New York Times informó este sábado de que la negociación supera los 800 millones de dólares. Según el diario, los abogados comunicaron el viernes a sus clientes que la propuesta revisada contaba ya con la aceptación de todos los denunciantes. Trusha Goffe, del despacho Jeff Anderson & Associates, confirmó esa aceptación en un correo citado por el periódico.
El portavoz de la arquidiócesis, Joseph Zwilling, precisó esa misma noche que las partes todavía trabajaban en el cierre del pacto. "Aún no hemos llegado a ese punto", declaró al diario.
Los demandantes podrían elegir entre cobrar un pago único de al menos 250.000 dólares o someter su caso a una evaluación de los abusos denunciados para recibir una indemnización mayor, de acuerdo con The New York Times.
El alcance de la negociación incluye las reclamaciones contra la arquidiócesis y unas 560 parroquias, escuelas y entidades benéficas católicas vinculadas a ella, según Bloomberg Law. Ocho despachos integran el comité de enlace de demandantes que negoció el acuerdo y representan a cerca del 70% de los reclamantes.
El fondo previsto y las reclamaciones a las aseguradoras
La base de la negociación se hizo pública el 1 de mayo, cuando Jeff Anderson & Associates anunció una propuesta de 800 millones de dólares para un fondo destinado a unos 1.300 supervivientes. Sus demandas se habían presentado al amparo de la Ley de Víctimas Infantiles de Nueva York. El calendario planteaba una aportación inicial de unos 615 millones y otra de 185 millones aproximadamente quince meses después.
Esa cifra situaría el pacto como el segundo mayor de una arquidiócesis católica en Estados Unidos, según Reuters. Solo lo superaría el acuerdo de 880 millones de dólares que la Arquidiócesis de Los Ángeles cerró en 2024.
El documento contempla ajustes vinculados a las reclamaciones presentadas en virtud de la Ley de Violencia por Motivos de Género de Nueva York, informa Bloomberg Law. Los 800 millones podrían incrementarse en 15 millones, mientras que hasta 25 millones podrían descontarse del fondo fiduciario para atender esas mismas reclamaciones.
La propuesta también deja abierta a los supervivientes la vía judicial contra las aseguradoras de la arquidiócesis para obtener más recursos para el fondo. Entre ellas figura Chubb Ltd., que demandó a la institución en 2023. Según Bloomberg Law, la aseguradora alegó que sus pólizas cubrían únicamente sucesos accidentales y que la Iglesia había conocido y fomentado los abusos durante casi un siglo.
La relación con Chubb ya había intervenido en las negociaciones: a finales de 2025, la arquidiócesis le pidió autorización para negociar acuerdos sobre hasta 1.700 reclamaciones por abuso sexual, por un importe de hasta 2.000 millones de dólares. Bloomberg Law describió aquellas conversaciones como negociaciones de alto riesgo.
La bancarrota como alternativa al acuerdo
Los abogados han advertido a sus clientes de que, si no se alcanza un pacto, la arquidiócesis probablemente se declarará en bancarrota. Según The New York Times, ese escenario podría traducirse en indemnizaciones menores y litigios más largos.
En el estado de Nueva York, solo esta arquidiócesis y la diócesis de Brooklyn han evitado recurrir a la bancarrota para cerrar acuerdos similares por abusos sexuales, señala Reuters. Bloomberg Law concreta que seis de las ocho diócesis católicas del estado han solicitado acogerse al Capítulo 11 y acumulan al menos 2.800 reclamaciones por abusos.
De esas seis diócesis, la mitad ya ha obtenido la aprobación judicial de sus planes de bancarrota. Los compromisos de pago aprobados hasta ahora suman al menos 1.000 millones de dólares para las víctimas, según Bloomberg Law.
Venta de propiedades, recortes y obligaciones de transparencia
Ronald Hicks, que asumió el cargo de arzobispo de Nueva York en febrero de 2026, según Reuters, explicó el 1 de mayo cómo la institución había reunido recursos para las indemnizaciones. En un mensaje publicado ese día reconoció la venta de la mayoría de sus inmuebles, así como reducciones de personal y de otros gastos.
El marco anunciado en mayo no se limitaba a los pagos. Según Jeff Anderson & Associates, exigía actualizar una lista pública de clérigos con acusaciones creíbles de abuso y facilitar a la Universidad de Iona documentación sobre esas denuncias.
Hicks indicó que el juez Daniel J. Buckley mediaba en las conversaciones y defendió que el objetivo era indemnizar a los supervivientes sin exponerlos a litigios largos y dolorosos ni llevar a la arquidiócesis a la bancarrota. También señaló que, antes de iniciar los pagos, cualquier acuerdo global debía contar con la participación de todos los afectados.
