Una revisión que abarca a funcionarios y contratistas
La presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, explicó que la denuncia pedirá investigar a los servidores públicos sobre los que haya indicios de posibles irregularidades. El examen interno comprende también a contratistas, puestos directivos y distintas áreas administrativas, incluidas las vinculadas a la anterior presidencia. Su alcance todavía no está cerrado.
Taddei dejó la presidencia en octubre de 2026 entre señalamientos de presunta corrupción y conflictos de interés, según Proceso. El Consejo General designó a Cruz García como sustituta provisional el 27 de octubre. Permanecerá en el cargo hasta que la Cámara de Diputados elija a la persona que complete el mandato previsto para Taddei.
Por el momento, no hay resoluciones judiciales que acrediten delitos. La denuncia que prepara el INE busca que la FGR investigue los hechos y que las autoridades determinen si existen responsabilidades por el manejo de recursos públicos.
La adjudicación de las credenciales, bajo examen
Uno de los contratos revisados es el de fabricación de credenciales para votar durante el periodo 2026-2031. Según Lado.mx y El Imparcial, que recoge información de Agencia Reforma, el INE lo adjudicó por 1075 millones de pesos al consorcio encabezado por Cosmocolor, junto con Icards Solutions y Talleres Gráficos de México. El procedimiento lleva el identificador LP-INE-033/2025.
La contratación contempla entre 84,9 y 94,1 millones de credenciales durante su vigencia, a un precio unitario de 0,65 dólares antes de IVA. Cruz García señaló que, si los resultados de las investigaciones justifican rescindir el contrato, será necesario convocar otra licitación para mantener la continuidad del servicio.
Una investigación de Agencia Reforma difundida el 29 de octubre de 2026 recogió las objeciones de empresas participantes a los cambios en las bases de la licitación. Según estas compañías, las modificaciones habrían favorecido al consorcio de Cosmocolor. Entre ellas figura la rebaja de la experiencia exigida en emisión de documentos: de dos millones de piezas a 200.000.
La misma investigación señala que se habría impuesto a HuBOX como proveedor exclusivo de los códigos QR. El precio de esos códigos pasó de 1,7 centavos de dólar en 2022 a 12 centavos en la oferta cuestionada; la valoración de mercado de peritos externos lo situaba en unos cinco centavos.
El País México informó, además, de que el anuncio de la denuncia coincidió con la difusión de nuevas grabaciones sobre presuntos acuerdos entre Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, empresario señalado como principal beneficiario de los contratos del instituto. En ellas, la entonces presidenta y el contratista revisan cifras y hablan de un supuesto reparto de ganancias millonarias relacionado con contratos de la credencial para votar.
Treinta dimisiones y cambios en áreas directivas
El INE ha registrado la dimisión de 30 funcionarios, de los que 17 trabajaban en la oficina de Taddei. Han dejado sus cargos Carlos Daniel Luna Rosas, exjefe de la oficina de la presidencia; José Alberto Pérez de Acha, del área de informática; Sergio Uzeta Murcio, de comunicación social; Iliana Araceli Hernández Gómez, de igualdad de género, y Juan Manuel Vázquez Barajas, de la oficina de la secretaría ejecutiva. Las bajas alcanzan asimismo a recursos materiales, transporte, administración y organización electoral.
Pérez de Acha, Hernández Gómez y Uzeta Murcio eran miembros de la Junta General Ejecutiva. Según Proceso, Taddei los había designado mediante las facultades extraordinarias que Morena le otorgó a través de una reserva a la reforma judicial de 2024. Esas atribuciones le permitían nombrar responsables de áreas estratégicas sin la aprobación del Consejo General.
La revisión de la nómina realizada por Proceso, con datos del 30 de septiembre de 2026, contabilizó 33 personas en el equipo de Taddei. De ellas, 14 cobraban más de 100.000 pesos brutos mensuales. Entre sus integrantes había personas vinculadas al Gobierno de Sonora de Alfonso Durazo Montaño: Christian Arteaga Ríos había sido director general en la Secretaría de Gobierno de Sonora y Karla Beatriz Ornelas Monroy había sido nombrada por Durazo titular provisional del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado.
Pese a las salidas y a la revisión de su estructura directiva, el INE sostiene que los cambios no afectarán al funcionamiento del organismo.
La denuncia del PAN y los expedientes de control interno
La denuncia que prepara el instituto se añade a la presentada contra Taddei por el Partido Acción Nacional (PAN) el 27 de octubre de 2026. El partido atribuye a la expresidenta presuntos actos de corrupción y sostiene que hubo adjudicaciones directas irregulares por más de 1600 millones de pesos.
El escrito del PAN señala seis delitos federales: uso ilícito de atribuciones y funciones, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado, operación de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Se trata de acusaciones, no de responsabilidades acreditadas judicialmente.
Por otra parte, Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del Órgano Interno de Control del INE, ha informado de 18 expedientes sobre posibles irregularidades en contrataciones. Trece siguen en fase de investigación y cinco se encuentran en procedimientos de responsabilidad administrativa; ninguno cuenta con una resolución definitiva.
Entre los antecedentes examinados por ese órgano hay contratos del periodo 2014-2025 que suman 2461 millones de pesos y están vinculados a cinco empresas: Cajas Graft, Corporativo ZEG, Comercializadora JVLY, Formas Finas y Materiales, y Seriplast de México.
