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Catalina Esparza sustituye a Eneyda Rocha en la presidencia honorífica del DIF Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa anunció el 29 de octubre de 2026 que Catalina Esparza Navarrete asume la presidencia honorífica del Patronato del DIF estatal en lugar de Eneyda Rocha Ruiz, hija del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. El comunicado no explicó los motivos del cambio ni lo relacionó ofic…

El Patronato acuerda el nombramiento; la dirección general se mantiene

La incorporación de Esparza se formalizó en dos pasos. La gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, le tomó protesta como integrante del Patronato y, después, este órgano acordó designarla presidenta honorífica. Mercedes Ibarra Medina, directora general del DIF Sinaloa, encabezó la asamblea en la que se aprobó el nombramiento.

Ibarra permanece en la dirección general, responsable de coordinar la actividad operativa del organismo. Al responder a preguntas de los medios sobre la continuidad de Eneyda Rocha el mismo 29 de octubre, Domínguez distinguió esas funciones de la presidencia honorífica y señaló que Rocha llevaba varios meses sin participar en actos públicos.

Según Proceso, Eneyda Rocha dejó de aparecer públicamente después de que su padre solicitara su primera licencia, el 1 de mayo de 2026. Reapareció junto a él cuando intentó reincorporarse al Ejecutivo estatal tras 112 días de ausencia. Más tarde volvió a dejar de acudir a las oficinas del DIF, aunque atendía sus tareas a distancia.

Una trayectoria vinculada a la educación

Antes de su llegada al DIF, Esparza desarrolló su carrera en el ámbito educativo de Sinaloa: ejerció como profesora, supervisora y jefa de sector. En la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) ocupó tanto la Subsecretaría de Educación Básica como la titularidad de la dependencia.

Su formación incluye una licenciatura en Educación Primaria, una maestría en Educación Básica y un doctorado en Educación con especialidad en Docencia e Investigación.

Durante el acto de toma de posesión, Esparza afirmó: "Es un gran reto, un gran compromiso el que asumimos este día, porque el Desarrollo Integral de la Familia no es solamente un asunto de discurso, es un asunto de acción, de compromiso". Según el Gobierno estatal, su labor se centrará en la atención a niños, niñas, jóvenes, personas mayores y familias en situación de vulnerabilidad.

Más relevos en la administración de Domínguez

Proceso sitúa la sustitución de Eneyda Rocha como el segundo cambio en menos de 24 horas en áreas relevantes del gabinete estatal. El anterior fue la salida de José Carlos Cárdenas Mellado del Servicio de Administración Tributaria de Sinaloa (SATES).

La gobernadora interina ya había anunciado seis cambios en su gabinete el 30 de septiembre de 2026, cuando llevaba 36 días al frente del Ejecutivo. Entre ellos figuraban los relevos en Finanzas y Obras Públicas, hasta entonces a cargo de Joaquín Landeros Güicho y Raúl Montero, respectivamente. Según Proceso, ambos eran cercanos al grupo conocido como "rochismo".

Las acusaciones contra Rocha Moya y sus licencias

El cambio en el DIF se produce durante la crisis política que afronta Rubén Rocha Moya. El 29 de abril de 2026, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el jefe de la DEA, Terry Cole, anunciaron una acusación contra él y otras nueve personas por tráfico de drogas y delitos conexos con armas. Según la información recogida por Infobae, el caso fue asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.

El expediente estadounidense atribuye a los acusados presuntos vínculos con Los Chapitos, una facción del Cártel de Sinaloa, y posibles acuerdos para facilitar actividades delictivas. Son imputaciones sometidas a un proceso judicial, no una sentencia de culpabilidad.

Rocha Moya solicitó su primera licencia el 1 de mayo de 2026 y regresó al cargo el 21 de agosto. Al día siguiente anunció ante el Congreso estatal una segunda licencia, esta vez indefinida. El 25 de agosto, el Congreso designó a Domínguez Nava gobernadora interina para completar el periodo constitucional, que concluye el 31 de octubre de 2027.

Tras la acusación estadounidense, la Fiscalía General de la República abrió una investigación propia. Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que la petición de Estados Unidos de detención provisional con fines de extradición no aportaba pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de los acusados.

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