Cambios en cuatro leyes
La propuesta afecta al Código Penal de Yucatán, al Código Civil, a la Ley de Tránsito y Vialidad y a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey). Rosales Montiel, de Morena, explicó que busca evitar el castigo penal de opiniones, críticas y otras expresiones, además de reforzar las garantías de la libertad de expresión, la reunión y la asociación pacífica.
Entre los cambios figura la derogación de los delitos contra el honor: difamación, calumnia e injuria. Según Líneas Emergentes, el proyecto también cuestiona los tipos penales de ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, desobediencia y resistencia de particulares, y ultrajes a la moral y las buenas costumbres. En el ámbito civil, plantea revisar las disposiciones sobre daño moral.
La diputada recordó que los delitos contra el honor desaparecieron del Código Penal Federal en 2007, pero que los estados han seguido ritmos distintos. Defendió por ello la necesidad de armonizar la legislación de Yucatán. Javier Escalante, de Somos Periodistas, señaló a Líneas Emergentes que la entidad es uno de los pocos estados mexicanos que aún contemplan penas de cárcel por injuria, difamación y calumnia.
La reforma también ampliaría las atribuciones de la Codhey, según Rosales Montiel, "para vigilar la actuación de las autoridades y contribuir a la protección de estos derechos durante las manifestaciones".
Antecedentes y participación de la sociedad civil
Los intentos de eliminar estas figuras penales tienen varios antecedentes. En 2023, la entonces diputada Fabiola Loeza Novelo presentó una iniciativa para derogar los delitos contra el honor. Según Líneas Emergentes, no consiguió la aprobación y acabó siendo desechada, de modo que esos delitos siguieron vigentes.
En marzo de 2024, periodistas, activistas y organizaciones civiles llevaron al Congreso de Yucatán otra propuesta de reforma del Código Penal para proteger la protesta social y el trabajo periodístico, así como la libertad de expresión y la reunión pacífica. Según El Universal, participaron en su impulso Kanan Derechos Humanos y Somos Periodistas, con el respaldo de Amnistía Internacional México.
Líneas Emergentes sitúa el origen de la iniciativa de Rosales Montiel en un proceso de diálogo entre organizaciones civiles y legisladores. El 23 de octubre de 2025 se celebró el foro "Derecho a la Protesta", en el que participaron Amnistía Internacional, el Observatorio Peninsular por la Libertad de Expresión y la Protesta (Oplep), la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Codhey. También acudieron habitantes de las comunidades mayas de Sitilpech, Ixil y Santa María Chi.
Al día siguiente, el 24 de octubre de 2025, Amnistía Internacional México y el Oplep entregaron formalmente el proyecto legislativo al Congreso estatal. La presentación de la iniciativa por parte de Rosales Montiel fue posterior a esa entrega. El Observatorio reúne a Igualdad Sustantiva Yucatán, Kanan Derechos Humanos, Reflexión y Acción Feminista y Somos Periodistas.
El seguimiento de la reforma fue asimismo el objeto del foro "Defender Derechos No es Delito", celebrado en el Congreso de Yucatán el 24 de abril de 2026. Según la institución legislativa, Rosales Montiel encabezó el encuentro en coordinación con Amnistía Internacional México, Kanan Derechos Humanos y Somos Periodistas, para abordar la iniciativa sobre libertad de expresión.
Las exigencias de protección
Las organizaciones promotoras apoyan sus demandas en estándares internacionales, según Líneas Emergentes. Citan los pronunciamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU contra la criminalización de quienes participan en protestas pacíficas o las organizan. También invocan el artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que obliga a los Estados a garantizar un entorno seguro para las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
En Mérida, integrantes del Oplep presentaron además la campaña "Proteger la Dignidad", dedicada a reconocer la labor de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y a hacer visibles los riesgos que afrontan. "Exigimos la derogación de los delitos que criminalizan la defensa de los derechos humanos y el periodismo en Yucatán", declaró Hugo Arriola, miembro del Observatorio.
Arriola reclamó mejores normas y una mayor coordinación entre autoridades, organizaciones civiles, periodistas y personas defensoras para reforzar las políticas públicas de protección. Citó los registros del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación: desde su creación, ha contabilizado en Yucatán 37 personas beneficiarias, de las cuales 12 son mujeres y 25 hombres. Por actividad, 26 defienden derechos humanos y 11 ejercen el periodismo.
El periodista Javier Escalante Rosado informó de al menos 27 agresiones contra periodistas en el estado entre 2022 y 2026. Entre ellas enumeró ataques físicos, amenazas, intimidación, censura, hostigamiento y acoso judicial. "Estas violencias afectan tanto a quienes ejercen el periodismo como al derecho de la sociedad a recibir información", afirmó.
Las organizaciones solicitaron al Congreso estatal que apruebe íntegramente el paquete de reformas presentado por el Oplep y Amnistía Internacional México, destinado a evitar la criminalización de la protesta y a derogar los delitos contra el honor.
