Nuevos límites para incorporarse
Quienes soliciten el alta en la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, podrán cotizar con el último salario registrado al dejar de trabajar para un empleador o con uno superior hasta el límite de una Unidad de Medida y Actualización (UMA) adicional, equivalente a 117 pesos diarios. El acuerdo también exige que esa base no quede por debajo del salario mínimo general vigente para el resto del país.
La fecha de solicitud marcará el inicio de la inscripción: ya no se podrán abonar cuotas para cubrir periodos anteriores. Además, las nuevas altas tendrán que tramitarse a través de los canales digitales del IMSS.
Los trabajadores independientes podrán mantener las cotizaciones en su propio esquema, pero no combinarlo con la Modalidad 40 ni pasar a ella. Para las personas ya inscritas, se mantienen las condiciones anteriores hasta que finalice el periodo contratado; las semanas cotizadas y los pagos efectuados quedan protegidos.
Según Infobae, la Modalidad 40 se aplica únicamente a quienes empezaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997, bajo la Ley del Seguro Social de 1973. No abarca el sistema de cuentas individuales gestionadas por las Afores, correspondiente a la Ley 97.
La controversia sobre el artículo 218
El punto central del debate jurídico es que el artículo 218 de la Ley del Seguro Social permite seguir cotizando con el último salario registrado o con uno superior al que tenía la persona al causar baja. Los abogados laboralistas que cuestionan la medida sostienen que un acuerdo administrativo no puede modificar una ley federal.
"No puede un acuerdo modificar la ley de la manera en que lo está haciendo el IMSS", declaró a El Financiero Claudio Martínez Santistevan, asociado sénior del despacho De La Vega y Martínez Rojas.
El abogado considera que hay argumentos para impugnar la decisión cuando alguien pide incorporarse con un salario superior y el instituto le aplica el límite. No obstante, advierte de que cada caso requiere un análisis propio: señala una posible contradicción entre el acuerdo y la ley, no una resolución judicial sobre ella.
En su columna de El Financiero, Víctor Piz sostiene que cualquier reforma legal de la Modalidad 40 debe tramitarse en el Congreso y no resolverse únicamente mediante este acuerdo.
La justificación del Gobierno y el uso de salarios elevados
El IMSS presenta la actualización como una medida destinada a "fortalecer este mecanismo de aseguramiento, proteger los derechos pensionarios de las personas trabajadoras y evitar prácticas de simulación laboral que afectan su funcionamiento". La presidenta Claudia Sheinbaum la vinculó con la detección de esquemas fraudulentos que permitían obtener una pensión superior a la que correspondía al trabajador.
Rodolfo Ostolaza, subdirector de Estudios Económicos de Banamex, explicó que la posibilidad de elegir un salario superior al último registrado, con un máximo de 25 UMA, había propiciado estrategias para aumentar el promedio utilizado al calcular la pensión. Según su análisis, en los últimos años se extendió la cotización con salarios elevados durante los cinco últimos años de actividad laboral para conseguir pensiones sustancialmente mayores. Esa práctica suscitó dudas sobre la relación entre las aportaciones y las obligaciones que asumía el IMSS a largo plazo.
Los datos recogidos por Enrique Quintana en El Financiero muestran el crecimiento del régimen: de 91.000 cotizantes en 2013 pasó a 200.000 en 2020 y a 275.000 al cierre de 2024. Solo en ese último año se produjeron casi 90.000 altas.
La auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cuenta Pública 2024, citada por Quintana, encontró que dos tercios de los inscritos habían escogido bases de entre 20 y 25 UMA. El valor más habitual era el máximo permitido. La base media equivalía a cinco veces el último salario con un empleador y la edad media de incorporación rondaba los 58 años.
Pensiones y financiación
Según los datos publicados por Quintana, durante 2024 el IMSS concedió 91.000 pensiones a personas que habían cotizado en la Modalidad 40. Para calcularlas se utilizó un salario 3,8 veces mayor que el registrado al causar baja, con pensiones por cesantía de hasta 84.000 pesos mensuales. Las cuotas abonadas ese año por los cotizantes de esta modalidad sumaron 27.400 millones de pesos.
El columnista distingue, además, la fuente de financiación de las pensiones de la Ley 73: por mandato de la ley de 1997, se pagan con el presupuesto federal, no con los recursos propios del IMSS como asegurador. Esa nómina ascendió en 2024 a 643.000 millones de pesos, frente a los 566.000 millones que el instituto recaudó en cuotas.
Las estimaciones sobre los afectados
Quintana también calcula cómo cambia la pensión que podría alcanzar una persona que proyectaba incorporarse con la base máxima. Aplicando la fórmula de la Ley 73, estima que, para quien ganaba 15.000 pesos, la pensión alcanzable se reduce un 79 %, de unos 58.000 a unos 12.000 pesos. Con un salario de 35.000 pesos, la reducción estimada es del 56 %; con 60.000 pesos, del 28 %. Para salarios superiores a 84.500 pesos mensuales, no prevé cambios.
Las estimaciones del número de personas afectadas tienen alcances distintos. La analista Leticia Alcántara calcula que quedan 2,9 millones de trabajadores de la Ley 73 que se jubilarán en los próximos nueve años. Por su parte, Carlos Ramírez Fuentes, expresidente de la Consar y socio de Integralia Consultores, sitúa entre uno y dos millones el número de personas potencialmente afectadas.
Medidas temporales y revisión pendiente
Las restricciones proceden del Consejo Técnico del IMSS, en el que participan representantes empresariales, de los trabajadores y del Gobierno. Según el despacho BASHAM (Basham, Ringe y Correa), el acuerdo ACDO.AS2.HCT.101026/302.P.DG se aprobó en una sesión extraordinaria el 10 de octubre de 2026. Su publicación en el Diario Oficial de la Federación tuvo lugar el 21 de octubre y entró en vigor al día siguiente.
El acuerdo califica las medidas de temporales y encarga a la Dirección de Finanzas un análisis del efecto de la Continuación Voluntaria sobre la situación financiera del IMSS, con un plazo máximo de seis meses. Una vez disponibles los resultados, la Dirección Jurídica contará con hasta otros seis meses para elaborar, si procede, una propuesta de modificación de las disposiciones normativas aplicables.
