Una presidencia provisional hasta la designación del relevo
Taddei formalizó su dimisión el lunes 26 de octubre de 2026 mediante un documento entregado a la Cámara de Diputados, según El País México. Había accedido al cargo en abril de 2023 y su mandato debía prolongarse hasta 2032.
Su salida abrió un plazo de 24 horas para que los otros 10 consejeros convocaran una sesión extraordinaria y eligieran entre ellos a quien asumiría provisionalmente la presidencia. El 28 de octubre, Humphrey informó de la designación de Blanca Cruz por el Consejo General, según recogió Central Electoral, del INE.
A la Cámara de Diputados le correspondía emitir la convocatoria para elegir a la persona que completara el mandato de Taddei. El nuevo titular asumiría con menos de un año para los comicios de junio de 2027.
Los nombramientos directos y la revisión de las facultades
La discusión sobre el reparto de poder tiene un antecedente concreto: la reforma de octubre de 2024 a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Conocida coloquialmente como "Ley Taddei", permitió a la presidenta nombrar a los responsables de las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas sin someter previamente esas decisiones al Consejo General, según Político MX.
Varios consejeros recurrieron ese cambio mediante una controversia constitucional. En enero de 2026, la Suprema Corte desechó la impugnación por la vía jurídica empleada, de modo que las nuevas facultades de nombramiento continuaron vigentes.
Para Zeind, que aborda la crisis en una columna de opinión en ejecentral, el cambio alteró el modelo de dirección del INE. Su crítica no se limita al aumento de atribuciones de la presidencia: sostiene que se desplazó al Consejo General en decisiones sobre quiénes desempeñarían tareas sustantivas, reduciendo el peso de la dirección colegiada.
Humphrey defendió el 28 de octubre la necesidad de revisar esas facultades. Según Central Electoral, la consejera consideró que la concentración de decisiones pudo perjudicar tanto la supervisión como la adopción colegiada de acuerdos. También respaldó una eventual reforma legal que redistribuya esas atribuciones y refuerce los contrapesos institucionales.
Investigaciones sobre proveedores y nuevas dimisiones
La renuncia de Taddei se produjo mientras la Auditoría Superior de la Federación (ASF) investigaba un posible conflicto de interés, colusión con proveedores y triangulación de recursos. Según El País México, las pesquisas se abrieron tras las revelaciones periodísticas sobre su relación con José Alfredo Hernández Casillas, uno de los principales proveedores del INE durante su presidencia.
Por otra parte, Político MX informó de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre siete empresas que suministran bienes o servicios al INE y a organismos electorales locales. Las sospechas se refieren a una presunta simulación de competencia y triangulación de recursos mediante empresas de facturación ficticia. Esa investigación mantenía al menos 70 cuentas congeladas, sin que hasta entonces se hubiera comunicado la imposición de sanciones a ninguna persona.
El martes 27 de octubre dimitieron al menos tres altos funcionarios, según Periódico AM. El diario identificó a Iliana Rodríguez Gómez, responsable de la Unidad de Género, y a José Alberto Pérez de Acha, coordinador de Servicios de Informática. La tercera dimisión se atribuyó, de forma aún no confirmada, a Mario Burciaga, director de Recursos Materiales y Servicios. Fuentes del INE citadas por el periódico señalaron que los tres habían llegado al organismo por recomendación de Hernández Casillas.
Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la ASF que examinara también los contratos de la etapa de Lorenzo Córdova al frente del instituto. Según Periódico AM, reclamó que la revisión abarcara años anteriores a la gestión de Taddei para determinar desde cuándo trabajan con el organismo las empresas señaladas.
En declaraciones recogidas el 26 de octubre por El País México, los consejeros Arturo Castillo y Uuc-kib Espadas calificaron la situación como una crisis sin precedentes en los 36 años de historia del órgano electoral.
El control interno y la responsabilidad de los nombramientos
El otro problema que destaca Zeind es el control interno. La fracción VIII del artículo 74 de la Constitución reserva a la Cámara de Diputados la elección de los titulares de los órganos internos de control de los organismos con autonomía constitucional que utilizan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. Para esos nombramientos se exige el voto de dos tercios de los diputados presentes.
El columnista cuestiona que esa responsabilidad recaiga en un órgano político y sostiene que los nombramientos marcados por sesgos políticos suelen traducirse en un desempeño deficiente. A su juicio, una institución llamada a ejercer de contrapeso frente a otros poderes necesita también controles propios, tanto para sus decisiones sustantivas como para la administración cotidiana.
Zeind defiende el papel del Consejo General como espacio para buscar consensos que aporten legitimidad a las decisiones y favorezcan una buena administración. Plantea revisar el reparto de atribuciones, la supervisión y el equilibrio entre la dirección política institucional y la gestión diaria, con el objetivo de contar con un árbitro electoral fiable.
Esa revisión, añade, no sustituye la rendición de cuentas de las personas señaladas. También reclama al Poder Legislativo que examine la idoneidad de quienes ha elegido para ejercer responsabilidades públicas.
