Un relevo que podría llevar entre cuatro y cinco semanas
Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, anunció que convocaría a ese órgano el lunes 26 de octubre de 2026 para poner en marcha la sustitución, una vez presentada formalmente la renuncia. Según recogió La Razón de México, calculó que el trámite podría prolongarse entre cuatro y cinco semanas.
Durante ese intervalo, el Consejo General del INE deberá escoger a uno de sus integrantes para ejercer la presidencia provisional. La columna de AM advierte de que, si los diputados retrasan la elección definitiva, ese interinato tendrá un alcance mayor que el de una suplencia meramente simbólica.
El procedimiento exige una convocatoria pública de la Cámara y la evaluación de las candidaturas por un comité de cinco miembros: tres nombrados por los diputados y dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Ese comité elegirá a los cinco aspirantes mejor valorados.
Para obtener el cargo será necesario reunir el voto de dos tercios de los diputados presentes. Si no se alcanza un acuerdo, el artículo 41 de la Constitución prevé un sorteo entre los finalistas. Si el Congreso tampoco culmina la designación dentro del plazo previsto, el procedimiento corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Razón de México explica que la persona elegida solo podrá completar el mandato pendiente, hasta abril de 2032: no iniciará un periodo de nueve años ni tendrá derecho a otro nuevo.
El sorteo ya determinó la llegada de Taddei a la presidencia el 4 de abril de 2023, después de que los diputados no lograran un acuerdo político. AM atribuye el control de aquel proceso a la 4T, especialmente a Andrés Manuel López Obrador. Ante el nuevo relevo, la columna reclama al Gobierno de Claudia Sheinbaum un pacto con la oposición que permita elegir una presidencia capaz de ofrecer confianza al conjunto del electorado, en lugar de satisfacer a un partido.
Los contratos investigados por la ASF y la UIF
Las pesquisas sobre los proveedores del INE siguen abiertas. Según Noroeste, un comunicado del 23 de octubre de 2026 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio cuenta de irregularidades acreditadas en contratos por 514 millones de pesos con empresas del proveedor José Alfredo Hernández Casillas.
Entre las sociedades examinadas figura TOL Producciones, que recibió contratos del INE por más de 300 millones de pesos durante 2025, además de otros 30 millones de organismos electorales locales. Otra de ellas, Corporativo ZEG, obtuvo contratos por 184 millones pese a contar con cinco empleados registrados. De esa cantidad, transfirió 167 millones a otras cuatro compañías.
Noroeste también informa de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre siete empresas que prestaban servicios al INE y a organismos electorales locales. La red está vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas. La UIF indaga una presunta simulación de competencia y movimientos de recursos a través de empresas con características de factureras.
AM sostiene que la dimisión no debe frenar las investigaciones y considera que los hallazgos apuntan a posibles faltas administrativas y delitos, entre ellos operaciones simuladas y blanqueo de capitales. Para la columna, el deterioro de la estructura del instituto no se resuelve con la salida de su presidenta. También reclama resultados que permitan esclarecer que el relevo responde a las irregularidades investigadas y no a una represalia política.
Retrasos en la nueva credencial para votar
Las dudas señaladas por AM no se limitan a contratos antiguos: la columna también cuestiona cómo se tomó la decisión sobre la nueva credencial para votar. Su implantación ha registrado, además, problemas de producción y entrega.
Según informó Milenio, la consejera Carla Humphrey expuso ante la Comisión del Registro Federal de Electores que el nuevo modelo, cuyo contrato entró en vigor el 1 de junio de 2026, había dejado 645.137 credenciales pendientes de entrega y demoras de hasta 40 días. La producción comenzó con apenas 2000 unidades al día y se fue ajustando hasta alcanzar las 90.000 diarias.
Jalisco releva a Zamora después de las protestas por el agua
En Jalisco, Pablo Lemus anunció el 25 de octubre la salida de Salvador Zamora y nombró a Carlos Arias Madrid secretario general de Gobierno. Según Proceso, el sustituto es abogado, acumula más de 25 años de trayectoria y tiene antecedentes de militancia en el PAN. Desde diciembre de 2025 dirigía el Servicio Estatal Tributario.
El cambio llegó dos semanas después de la manifestación del domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco para reclamar agua limpia. Hubo decenas de detenidos y denuncias de presunto abuso policial. AM relata también golpes a manifestantes y desmanes de encapuchados.
Zamora se encontraba de vacaciones en España cuando estalló el conflicto. Según AM, en lugar de regresar de inmediato viajó a Italia. Proceso sitúa su vuelta a Guadalajara el viernes 16, cinco días después de la protesta. El 24 de octubre, el Congreso de Jalisco citó a cuatro miembros del gabinete de seguridad, incluido Zamora, para explicar la actuación de las autoridades durante el operativo.
La columna de AM considera tardío el relevo y señala que Lemus debe recomponer la gestión política de su Gobierno.
Por otra parte, El Tiempo Monclova, con información de EL UNIVERSAL, recoge que Zamora dispone de una concesión de agua para uso agrícola desde agosto de 2022, cuando era presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga. Según el Registro Público de Derechos del Agua, el título 846409 autoriza un volumen anual de 90.000 metros cúbicos de aguas subterráneas del acuífero de Toluquilla.
