La divulgación del encuentro
La conversación tuvo lugar en un salón del aeropuerto y se prolongó entre ocho y diez minutos, según El Debate. Al referirse al encuentro, Sheinbaum reconoció que ambas habían gritado, informó Milenio.
Campos explicó su decisión de hacer pública la charla con estas palabras: "Vulneré a la presidenta, pero me tenía que defender". Según la gobernadora, desde la tribuna presidencial la habían acusado de traición a la patria "19 veces consecutivas". También sostuvo que no había un pacto de confidencialidad sobre lo hablado.
El autor de la columna de Tribuna reprocha a Campos que revelara una conversación que considera privada e institucional. Su crítica se centra en esa divulgación, por encima del tono empleado durante el encuentro o de la controversia sobre la soberanía. Según su interpretación, la relación entre ambas quedó rota y se limitará al trato institucional.
Jáuregui y las acusaciones contra Montiel
Uno de los asuntos tratados fue la situación del exfiscal de Chihuahua César Jáuregui. El 23 de octubre, Sheinbaum confirmó que Campos le había dicho que el exfiscal tenía casinos y que habían detectado actos de corrupción suyos. Según el relato recogido por Milenio, la presidenta le respondió que procediera y se ofreció a hablar con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, para que recibiera a la gobernadora.
La columna sitúa el encuentro en el contexto del caso de los agentes extranjeros que participaron en la destrucción del laboratorio de El Pinal. También señala que Campos abordó ese asunto con Omar García Harfuch. Respecto a Jáuregui, ya detenido, el autor considera que lo expuesto por la gobernadora dificultaría su salida de la prisión del Altiplano; se trata de su pronóstico, no de una resolución judicial.
El articulista reclama al Gobierno y a la Fiscalía General de la República el mismo criterio para todos los casos. Con ese argumento, pregunta por Rubén Rocha Moya y los otros ocho acusados por la Fiscalía de Nueva York. Añade que Mariana Veyra Valdés, la jueza que ordenó detener a Jáuregui, dimitió al día siguiente.
La controversia se extendió a Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, a quien Campos atribuyó vínculos con la delincuencia organizada. Sheinbaum pidió pruebas. Montiel rechazó las acusaciones el 23 de octubre y exigió que cualquier prueba de delito se presentara ante las autoridades competentes.
Según Vanguardia, Montiel también acusó a Campos de intentar apartar la atención del caso de los agentes de la CIA y reclamó que se aclarara qué papel habían desempeñado. Por su parte, Tribuna recoge el respaldo del PAN de Chihuahua a la gobernadora y el silencio de la dirección nacional del partido, encabezada por Jorge Romero.
La aprobación de la llamada Ley Antimemes
El 23 de octubre, la Cámara de Diputados dio su aprobación a la llamada Ley Antimemes. Según El País México, la votación en lo general fue de 312 votos a favor y 119 en contra; en lo particular, de 281 a favor y 87 en contra. Las 177 reservas presentadas fueron rechazadas, por lo que el texto procedente del Senado salió sin modificaciones hacia el Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
El columnista de Tribuna interpreta la reforma como una restricción a la libertad de expresión y teme que se utilice políticamente contra periodistas, creadores de contenidos y dibujantes de prensa. Sus advertencias sobre multas, penas de prisión y riesgos para la sátira, la comedia y la parodia son valoraciones de la columna.
Para ilustrar su preocupación, cita al periodista Arturo Soto Munguía, a quien el TEE obligó a retirar dos imágenes de las redes sociales en menos de dos meses. La última mostraba a la diputada Marcela Valenzuela con su familia, incluidos menores. Según la columna, la propia diputada había publicado la fotografía, que después retomaron otros usuarios.
Los pilotos para restringir el efectivo
Tribuna también cuestiona las medidas sobre el mercado digital y la restricción del efectivo. El texto sitúa los planes piloto en las estaciones de peaje y las gasolineras, sin describirlos como una práctica ya extendida.
El autor advierte del riesgo de clonación de tarjetas y señala que ONEXXPO también ha alertado sobre ese peligro. Añade que Morena rechazó la petición de la oposición de evitar el cobro de comisiones.
Qué cambia con la ley catastral
La Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral se publicó en el DOF el 23 de octubre de 2026 y entró en vigor al día siguiente. Establece la coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para unificar criterios y permitir que los catastros y los registros públicos de la propiedad intercambien información. La norma contempla el respeto a la autonomía municipal recogida en el artículo 115 constitucional.
Las disposiciones transitorias dan a las autoridades catastrales y registrales hasta el 31 de diciembre de 2026 para adoptar los modelos de homologación y las plataformas, cuya puesta en funcionamiento está prevista para el 1 de enero de 2027. Los congresos estatales disponen de 180 días para adaptar sus leyes.
La columna centra sus objeciones en la concentración de datos personales. Afirma que los ciudadanos y sus propiedades quedarán incorporados a un padrón gestionado por la Agencia de Transformación Digital y de Comunicaciones, dirigida por José Merino. También reconoce que los municipios mantienen la facultad de cobrar el impuesto predial.
A partir de ahí, el autor plantea dos posibilidades: que una parte de esa recaudación termine en las arcas federales o que el valor catastral de los inmuebles se sustituya por el comercial. No las presenta como medidas aprobadas y admite que desconoce si llegarán a adoptarse.
Bours y los apoyos políticos en Sonora
La columna aborda además la retirada de Ricardo Bours como candidato externo de Movimiento Ciudadano (MC) al Gobierno de Sonora. Según el relato del autor, Bours revisó encuestas con Ernesto Gándara y, al comprobar que no contaba con suficiente apoyo, dejó la candidatura para respaldar al "Borrego". Las amenazas contra su familia también influyeron en la decisión.
El texto señala que Alfonso Durazo le ofreció protección. Bours respondió que no era necesaria, aunque el gobernador mantuvo el ofrecimiento. Tanto Ricardo Bours como el exgobernador Eduardo Bours apoyan ahora el proyecto de Antonio Astiazarán.
La última referencia de la columna es una estancia de Durazo en Tucson, Arizona, donde pasó el fin de semana con su familia y sus nietos.
