156 viviendas afectadas
El balance publicado por El Universal en enero de 2026 recogía 156 casas con daños, de las que 14 tuvieron que demolerse por completo para su reconstrucción. La inversión destinada a las viviendas ascendía a 48 millones de pesos, según informó entonces el área de Enlace y Vinculación del gabinete de Infraestructura y Turismo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Los vecinos explican que las obras han ido terminando en algunos de los inmuebles con daños menos graves. Habían temido que el Gobierno federal incumpliera los compromisos de pago por las protestas que organizaron, pero ahora varios de ellos relatan cómo han quedado sus casas.
Los retrasos seguían siendo motivo de reclamación a finales de junio de 2026. Según La Jornada Estado de México, unas 50 de las cerca de 150 viviendas censadas continuaban pendientes de reparación o indemnización. El representante vecinal Jonathan García señaló que, de acuerdo con lo comunicado por las autoridades a los afectados, los pagos y las obras pendientes podrían no reanudarse hasta 2027.
Reparaciones y reconstrucciones en el barrio
En la vivienda de José Luis Fragoso, situada frente a la avenida Doctores, la Conavi invirtió más de 300.000 pesos. La intervención abarcó las paredes y los cimientos de la sala y la cocina: se retiró el revestimiento para colocar malla electrosoldada, se reforzaron los pilares de confinamiento y se instalaron una nueva losa y un suelo nuevo.
José Luis lleva 38 años en esa casa, heredada de sus padres, y considera que las movilizaciones vecinales dieron resultado. Reconoce que llegó a desconfiar del compromiso del Gobierno: "Entró esa duda de 'no, no creo'. Pero, afortunadamente, sí se logró". Todavía quedan acabados y pintura, que tiene previsto pagar con sus propios recursos.
El caso de Enrique Fragoso requirió una reconstrucción. Durante la inspección, las autoridades le comunicaron que la casa con cubierta de chapas metálicas en la que había vivido 40 años se estaba hundiendo. La Conavi levantó otra en una parte más estable del mismo terreno, con una inversión de unos 670.000 pesos.
La nueva vivienda es más grande: ocupa 100 metros cuadrados y dispone de dos dormitorios, espacio para un baño, comedor, sala y cocina. Enrique está a punto de abandonar el piso de alquiler que paga la Conavi, aunque aún quedan trabajos de acabado, pintura y la instalación del baño. Su hermana, cuya casa está en la misma parcela y también sufrió daños, sigue alojada en otra vivienda alquilada a cargo de la comisión mientras continúa la construcción.
Enrique atribuye la solución al entendimiento alcanzado con la Conavi, la Secretaría de la Defensa Nacional y la SICT, pese a las dudas que surgieron durante las movilizaciones.
Felipa Plata Rivera, que lleva 43 años viviendo en su casa, también reconoce que temió quedarse solo con promesas. Tras registrar los daños en su dormitorio y su cocina, la Conavi rediseñó la distribución: el dormitorio pasó a la parte trasera y la cocina quedó orientada hacia la avenida de los Doctores. Felipa explica que el resultado le permitió hacer la reforma que deseaba desde que enviudó, 22 años atrás, y que no había podido costear.
De los paros de obra a las reclamaciones por los pagos
Las protestas de Teyahualco denunciaban tanto los daños en casas y calles como la caída de las ventas de los comerciantes durante la construcción. A finales de julio de 2024, los vecinos detuvieron los trabajos durante una semana. En noviembre volvieron a paralizarlos por el incumplimiento de los acuerdos.
El Gobierno federal reanudó el proyecto en marzo de 2025 bajo una condición impuesta por los vecinos: solo se permitirían trabajos en la estación La Loma y en las vías. La estación Teyahualco y el viaducto elevado permanecieron ocupados.
La ocupación de Teyahualco terminó en agosto de 2025, después del censo de viviendas dañadas realizado por la SICT y de los acuerdos sobre su reparación. Las intervenciones en las casas arrancaron en noviembre de ese año.
El 1 de julio de 2026, los afectados volvieron a protestar en la estación Teyahualco, esta vez permitiendo el acceso gratuito de los viajeros. Reclamaban los recursos atrasados de la Conavi, que había establecido tres desembolsos para las reparaciones, sujetos a requisitos como justificar los gastos y llevar registros del avance de las obras.
Un servicio inaugurado en abril de 2026
Andrés Manuel López Obrador anunció el proyecto ferroviario al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) el 19 de marzo de 2020, con la previsión de terminarlo en junio de 2022. La inauguración no llegó hasta el 26 de abril de 2026, durante la presidencia de Claudia Sheinbaum. Según Wikipedia, los sucesivos retrasos llevaron a transferir el proyecto a la Secretaría de la Defensa Nacional para que lo concluyera.
El recorrido Buenavista-AIFA tiene 41,68 kilómetros y 12 estaciones: dos terminales y diez intermedias. Según los datos recogidos por A21 y Wikipedia, el trayecto dura entre 43 y 60 minutos. Los trenes constan de diez vagones y tienen capacidad para 719 pasajeros; pueden acoplarse para transportar a más de 1.400 en los periodos de mayor demanda. La velocidad media es de 65 km/h y la máxima, de 130 km/h. La construcción supuso una inversión estimada de unos 25.000 millones de pesos.
El ramal Lechería-AIFA superó el millón de pasajeros después de un mes y medio de funcionamiento, según datos de la SICT recogidos por Infobae. Este medio también informó de que el Gobierno federal compró la totalidad del sistema ferroviario a la empresa española Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), con lo que la operación pasó a ser íntegramente pública.
El Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) modificó las tarifas el 10 de octubre de 2026. Según Infobae, el viaje completo al aeropuerto pasó de los 45 pesos promocionales a 110 pesos, mientras que los desplazamientos intermedios quedaron entre 11,50 y 40 pesos, en función de la distancia.
