El alcance de las observaciones
Un contrato de materiales para la formación del personal electoral concentra el 95 % del posible perjuicio a los fondos públicos detectado en la fiscalización de 2024. La ASF cuestiona pagos por 63,2 millones de pesos a Comercializadora JVLY porque el INE no acreditó íntegramente los trabajos y tampoco pudo verificarse qué relación tenían con ellos los terceros que recibieron el dinero.
Según La Jornada de Oriente, el caso forma parte de una auditoría forense de la cuenta pública de 2024, primer año completo de la gestión de Guadalupe Taddei, cuyo dictamen se emitió en enero de 2026. Sus resultados siguen en fase de solventación, es decir, pendientes de aclaración. La ASF ha promovido investigaciones sobre los funcionarios encargados de comprobar las entregas y la documentación, pero sus actuaciones no señalan nominalmente a Taddei como responsable del probable daño.
La comparación de MILENIO también recoge las observaciones de los últimos años de Lorenzo Córdova al frente del organismo. En 2021, la ASF señaló 1,56 millones de pesos en penalizaciones no cobradas a Mainbit por retrasos al instalar equipos informáticos; ese importe figura posteriormente como justificado. En 2023, año del relevo, las observaciones ascendieron a 2,73 millones: incluían pagos a empleados cuyos expedientes no demostraban la experiencia o los estudios exigidos, incentivos improcedentes y penalizaciones no aplicadas por servicios de estenografía.
Entregas sin acreditar y dudas sobre la capacidad de JVLY
El INE contrató a JVLY el 7 de marzo de 2024 para la impresión, producción y distribución de materiales de simulacro destinados a preparar al personal que organizaría las elecciones. La comprobación del encargo exigía dejar constancia de su entrega a lo largo de toda la cadena, desde las juntas locales hasta los supervisores y capacitadores.
Al contrastar la información de las distintas áreas, los auditores encontraron registros que no coincidían y justificantes insuficientes para dar por acreditado el conjunto del servicio. También detectaron que las visitas de supervisión a JVLY se realizaron en las instalaciones de otro proveedor, Formas Finas y Materiales.
La documentación sobre la plantilla planteó otra discrepancia. Aunque la empresa presentó una opinión de cumplimiento en la que figuraban 76 trabajadores registrados, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comunicó que no constaban movimientos de afiliación durante 2024. A ello se sumó el calendario de los pagos: las facturas, emitidas desde mayo, no se liquidaron hasta el 31 de diciembre de ese año.
El recorrido del dinero entre empresas
El examen de las cuentas bancarias reveló transferencias a nueve empresas y a una persona física cuya participación en el contrato no pudo comprobarse. Entre las sociedades receptoras estaban BAMA Productos, Comercializadora EB, Central Ferguson, Desarrollos PRAEDIOS y Plásticos y Metales MYC.
La Jornada de Oriente recoge que una de las receptoras atribuyó los ingresos a préstamos y después transfirió 6 millones de pesos a una persona física. Otra los explicó como el pago de un seccionador eléctrico, negó haber prestado servicios a instituciones electorales y envió 12,3 millones a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple. Los auditores no lograron localizar a otras tres empresas.
También se identificó una transferencia de 2 millones de pesos de Plásticos y Metales MYC a Grumeec. Esta última había intervenido como supuesta competidora de JVLY en el sondeo de mercado previo a la contratación.
Otros contratos y actuaciones pendientes
Otros dos expedientes completan los 66,6 millones de pesos observados en la fiscalización de 2024. Uno corresponde a un convenio con Talleres Gráficos de México: se cuestionan 1,07 millones destinados a adquirir 1.197.000 materiales didácticos porque no se acreditaron su recepción, uso y destino entre las juntas distritales, los supervisores y los capacitadores.
El otro afecta al alquiler de vehículos a Jet Van Car Rental. La ASF determinó un importe de 2,25 millones de pesos por 2.171 días de utilización para tareas ajenas a los módulos de atención ciudadana, sin documentos que autorizaran esos usos. Entre ellos figuraban desplazamientos para comprar suministros de cafetería.
La auditoría forense dio lugar a 19 actuaciones, según La Jornada de Oriente. Nueve continúan abiertas: seis recomendaciones y tres pliegos de observaciones que suman los 66,6 millones de pesos, con JVLY como el expediente de mayor cuantía. Las diez restantes ya se remitieron a otras instancias: seis al Órgano Interno de Control del INE, dos al SAT y al IMSS y otras dos al área de investigación de la propia ASF.
Estas dos últimas actuaciones se refieren a 793,9 millones de pesos pagados por las papeletas y los materiales de la elección judicial. No forman parte de los 66,6 millones anteriores. Talleres Gráficos de México cobró esos fondos el 31 de diciembre de 2024: 754,9 millones por las papeletas y 39 millones por material didáctico.
De acuerdo con el mismo medio, funcionarios del INE certificaron la recepción de esos pedidos "a entera satisfacción", pese a que se entregaron en 2025. Un director del área reconoció ante la ASF que, cuando se efectuó el pago, el servicio aún no se había devengado.
El relevo de Taddei y las próximas revisiones
La crisis política en torno al instituto desembocó en la dimisión de Taddei el 26 de octubre de 2026 y dejó abierta la cuestión de quién debe responder por las decisiones administrativas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió revisar ampliamente las contrataciones, tanto de la etapa de Taddei como de la de Córdova.
Al día siguiente, el Consejo General del INE nombró a Blanca Yassahara Cruz García consejera presidenta provisional. Según Infobae, en su primer mensaje anunció que revisaría las contrataciones pendientes y que colaboraría con las investigaciones de la ASF y del Órgano Interno de Control. También se comprometió a mantener la continuidad de los preparativos de las elecciones de 2027.
Cruz García afronta, a su vez, cuestionamientos por otro contrato con JVLY. En marzo de 2024, durante su mandato al frente del Instituto Electoral del Estado de Puebla, la empresa recibió un encargo de 129.700.584 pesos para suministrar urnas, mamparas, cajas, sobres y materiales de simulacro para las elecciones locales de aquel año, según Infobae.
Mientras tanto, la ASF audita de forma integral el gasto del INE de 2025, en un procedimiento distinto de la investigación de oficio anunciada. El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, tiene previsto presentar el 30 de octubre de 2026, en la Cámara de Diputados, la segunda entrega de informes de la cuenta pública de 2025.
