Los compromisos del 27 de septiembre
El comunicado leído durante la movilización sitúa el origen de los compromisos en una visita de la alcaldesa a la comunidad el 27 de septiembre. Según los representantes, Sauri Maradiaga prometió que durante el resto de su mandato no autorizaría licencias de uso de suelo para los bancos Mapsa, Ku, Procon y Mool, ni concedería licencias de funcionamiento a nuevas explotaciones de este tipo.
Los vecinos denunciaron, sin embargo, que el 30 de septiembre se presentó la renovación por seis meses de una licencia de explotación de material pétreo. A ese trámite se sumó después la publicación del proyecto Banco de Materiales Umán, previsto en Hotzuc.
El acuerdo también contemplaba controles policiales mientras se construía una vía alternativa para los vehículos de las empresas mineras. La Policía Municipal debía impedir el paso de góndolas, planchas y volquetes de doble remolque, limitar a 30 al día los volquetes que transportaban material y evitar nuevas extracciones con explosivos.
Las comunidades afirman que esas condiciones no se respetaron en los 15 días acordados. Su escrito recoge el paso de vehículos de doble remolque, hasta 600 vehículos diarios cargados de material pétreo y la reanudación de las detonaciones.
La negociación de septiembre estuvo precedida por un bloqueo. Según Jaltun, vecinos de Tebec, Hotzuc y Petecbiltún instalaron un campamento el 12 de septiembre de 2026 después de que un camión de carga atropellara a dos jóvenes. Joel, de 20 años, murió y su acompañante sufrió heridas graves.
El bloqueo se levantó la noche del 27 de septiembre, tras una suspensión provisional favorable a Procon dictada por el juez Rogelio Leal Mota, del Juzgado Segundo de Distrito en Yucatán. El permiso de uso de suelo de la empresa para extracción y trituración había vencido el 24 de septiembre de 2026.
Un nuevo proyecto de extracción en Hotzuc
Otra de las objeciones de los manifestantes se dirige a la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) de Yucatán. Reprochan que pusiera a consulta la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Banco de Materiales Umán pese a los acuerdos anteriores y a las denuncias presentadas por las comunidades.
Según Diario de Yucatán, la SDS publicó el documento el 15 de octubre de 2026 y abrió un plazo de cinco días hábiles para la consulta pública y la presentación de comentarios. El proyecto ocupa un predio de 48,5 hectáreas (485.955,51 m²), identificado como tablaje catastral 100104 de Hotzuc.
La distribución prevista reserva 211.049,04 m², el 43,4 %, como área de amortiguamiento; destina 263.161,52 m², el 54 %, a extraer piedra en estrato seco, y asigna otros 11.744,95 m² a viales y áreas complementarias. De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad, el terreno pertenece a los hermanos F. J. y J. R. E. P., empresarios de la construcción.
Daños denunciados y procedimientos abiertos
Los pueblos atribuyen a las explotaciones problemas de salud, daños en viviendas y ecosistemas y un deterioro de la seguridad vial. Describen polvo procedente de la manipulación y el transporte de materiales, explosiones de dinamita y grietas en las casas. También alertan del riesgo de compartir calles con los camiones para quienes circulan en moto, mototaxi o bicicleta, especialmente cuando el polvo reduce la visibilidad.
Según su pronunciamiento, las detonaciones provocan miedo y estrés entre los niños y podrían causar otras afectaciones emocionales. A ello añaden la tala de monte, el desplazamiento de fauna y daños al patrimonio arqueológico, para los que citan el caso de Yaxcopoil.
En esa localidad hubo una intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en mayo de 2026. La institución clausuró las obras de apertura de un banco de materiales por la retirada de vegetación en 2,92 hectáreas para caminos, brechas y una zona de extracción, sin autorización de la Semarnat.
Otro antecedente es el banco de Xcucul Sur operado por Proser S.A. de C.V. Según Pie de Página, su actividad se suspendió en 2022 porque utilizaba explosivos que no figuraban en su MIA. Reabrió a finales de 2024 bajo el grupo Zamudio. Tras un amparo, un juez consideró en enero de 2026 que las clausuras eran suficientes, sin cancelar los permisos ni ordenar la reparación de los daños. Las comunidades recurrieron esa decisión.
Jorge Fernández Mendiburu, asesor legal de la Red de Pueblos contra la Minería, sostiene que una norma oficial obliga a situar los bancos de materiales a un mínimo de 5 kilómetros de las poblaciones y que las sascaberas de la zona incumplen esa distancia. También acusa a la SDS de no querer documentar con drones la separación entre las explotaciones y los núcleos habitados.
Los representantes aseguran que presentan denuncias desde 2022 y que ni las denuncias populares, ni los amparos, ni otros procedimientos han obtenido respuestas satisfactorias de los gobiernos municipal, estatal y federal. En su escrito plantean además una posible complicidad entre autoridades y empresas extractivas.
Consulta indígena y expansión de la actividad
Las seis comunidades sostienen que las empresas no han llevado a cabo consultas previas, libres e informadas y que las actividades extractivas carecen de su consentimiento. Vinculan esa reclamación con sus derechos a la autonomía, la libre determinación y la participación en las decisiones sobre el territorio.
También reprochan a las autoridades que mantengan las autorizaciones de proyectos que, a su juicio, dañan sus montes, su salud y su vida cotidiana mientras defienden públicamente el reconocimiento del pueblo maya.
Las localidades movilizadas pertenecen a la Red de Pueblos contra la Minería. Entre sus integrantes están Xcucul Sur, Tebec, Hotzuc, Yaxcopoil, San José Tzal, Ticimul, Noc-ac, Cheumán, Petecbiltún y Texán Cámara. La red reclama cancelar permisos, reconocer una emergencia socioambiental y reparar los daños.
El recuento de las comunidades y del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal cifra en más de 60 las concesiones para bancos de material pétreo otorgadas en comunidades mayas de la península de Yucatán entre 2018, año de inicio del Tren Maya, y 2025. Diez de las aprobadas en ese periodo se localizan en Umán.
Causa Natura Media señala al Tren Maya y al crecimiento urbano de Mérida como motores de la demanda de estos materiales. Según los datos del Inegi que cita ese medio, la superficie urbanizada de la zona metropolitana se duplicó entre 2000 y 2020: pasó de algo más de 21.000 hectáreas a más de 42.000, en un proceso acompañado por más de 300 desarrollos inmobiliarios.
Utsil Kuxtal denuncia agresiones durante la movilización
El Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal denunció que los policías presentes no cortaron las calles para proteger la protesta y atribuyó a esa omisión los enfrentamientos entre participantes y mototaxistas. Según la organización, los agentes actuaron después de que se les reclamara su intervención y de que miembros del colectivo bloquearan la calle con un coche.
La entidad también relató que unos ocho hombres insultaron a los manifestantes durante la lectura de sus exigencias. Entre los gritos recogió la expresión "¡Que viva Kenia!".
Según Utsil Kuxtal, esos hombres se comunicaban de forma esporádica con una persona que permanecía dentro del Ayuntamiento y que negó trabajar para la administración municipal. La organización afirmó que el grupo se marchó tras recibir una indicación de Carlos Villatoro Espinoza, a quien identificó como servidor público.
Las peticiones a los tres niveles de gobierno
El pronunciamiento termina con cinco exigencias dirigidas a las autoridades municipales, estatales y federales. Las comunidades piden paralizar de inmediato las autorizaciones de nuevos bancos de material pétreo y proyectos de minería no metálica en su territorio, y reconocer oficialmente la emergencia socioambiental que afirman haber declarado junto con otros pueblos de la península.
Reclaman asimismo la clausura de las explotaciones que, según denuncian, vulneran sus derechos y una reparación integral: atención a la salud física y emocional de la población, rehabilitación de las viviendas y restauración del monte, el aire y el agua. La quinta petición es el respeto a la autonomía y la libre determinación de los pueblos mayas.
