Nueve cargos y una petición de extradición
El Departamento de Justicia estadounidense anunció el 5 de noviembre que solicitará formalmente la entrega de Benítez Alcántara para que sea juzgado en ese país. Le atribuye haber aprovechado su puesto judicial para ayudar a Clark a eludir la justicia de Estados Unidos.
Los nueve cargos de cómplice posterior al delito, figura denominada accessory after the fact en inglés, figuran en una segunda acusación sustitutiva presentada el 4 de septiembre de 2026 ante un gran jurado federal. Según el Departamento de Justicia, cada cargo conlleva una pena máxima de 15 años de prisión si es declarado culpable. Los fiscales adjuntos Lyndsi Allsop y Joshua J. Lee, del Distrito Central de California, llevan el caso.
La investigación contó con el FBI, la Policía de Los Ángeles (LAPD) y la Real Policía Montada de Canadá (RCMP). También colaboraron la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en Buffalo, Nueva York, y la Policía Nacional de Colombia, por medio de su Dirección de Investigación Criminal e Interpol.
El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró sobre el caso: "Los funcionarios públicos corruptos, sin importar dónde estén, que asisten a narcotraficantes que operan aquí en casa, enfrentarán la justicia en Estados Unidos".
Los pagos que investiga Estados Unidos
El origen del caso se remonta a octubre de 2024, cuando Clark fue detenido en México por una causa estadounidense de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato que también incluía a Wedding. Según el Departamento de Justicia, Benítez Alcántara ejercía entonces como juez de distrito en Ciudad de México y supervisaba el procedimiento de extradición de Clark, que compareció ante él.
La acusación describe dos movimientos económicos. Entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, Clark habría transferido unos 2,75 millones de dólares mediante intermediarios y en pequeñas cantidades para conseguir salir de la custodia mexicana. Durante ese mismo periodo, habría negociado además el pago de aproximadamente 2 millones de dólares a Benítez Alcántara a cambio de que ordenara su excarcelación.
Una carrera judicial anterior a las elecciones de 2025
Benítez Alcántara no llegó al puesto mediante la elección judicial extraordinaria de 2025. Como señala Uno TV, su incorporación al Poder Judicial precedió a la reforma: los documentos oficiales sitúan su acceso dentro del sistema de concursos de oposición de la carrera judicial.
En octubre de 2015 obtuvo el sexto puesto entre los 24 ganadores de un concurso interno del entonces Consejo de la Judicatura Federal (CJF), celebrado en la sede de Toluca para cubrir plazas de jueces de Distrito especializados en el nuevo sistema penal acusatorio. El Diario Oficial de la Federación publicó aquella lista.
Ganar el concurso no supuso el inicio inmediato de sus funciones. Su ficha curricular fija en octubre de 2018 el comienzo de su actividad como juez de Distrito, casi tres años después. Por tanto, en febrero de 2025, cuando se sitúan los hechos que le atribuyen las autoridades estadounidenses, llevaba más de seis años en ese cargo.
Su trayectoria como juez incluye un destino en Ciudad Juárez, Chihuahua, especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio. El registro del CJF, cuya última actualización visible es del 30 de mayo de 2024, recoge también su adscripción al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en Ciudad de México. Estos antecedentes no bastan para acreditar que siguiera en activo sin interrupciones hasta su detención en Colombia.
Estudios y primeros puestos en los tribunales
La ficha del CJF sitúa sus estudios de Derecho en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC) entre 1996 y 1999. Su formación posterior comprende una maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial, cursada en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, y dos especialidades: Derecho de Amparo, en el Instituto de Desarrollo Jurídico, y Justicia para Adolescentes, en la Escuela Federal de Formación Judicial.
Antes de asumir la titularidad de un juzgado, desempeñó funciones de oficial judicial, actuario y secretario dentro del Poder Judicial de la Federación. Pasó por distintos tribunales colegiados y por un juzgado de distrito en Morelos.
La organización de Wedding y sus causas pendientes
El director del FBI, Kash Patel, describió la organización de Wedding como el mayor proveedor de cocaína a Canadá y le atribuyó conexiones en Colombia, México y Estados Unidos. Según Patel, funcionaba como una empresa criminal transnacional de miles de millones de dólares.
Wedding había representado a Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002. Según ABC News, el FBI llamó "Giant Slalom" a la operación contra su organización en referencia a su disciplina olímpica. Ese medio recoge que las autoridades lo compararon con Joaquín "El Chapo" Guzmán y Pablo Escobar, y que se cree que permaneció escondido en México durante más de una década con protección del cártel de Sinaloa.
La cronología de ABC News fecha su incorporación a la lista de los Diez Fugitivos Más Buscados del FBI el 6 de marzo de 2025. En aquel momento, el Departamento de Estado ofrecía hasta 10 millones de dólares por información que permitiera capturarlo; el 19 de noviembre de ese año elevó la recompensa a 15 millones.
Según el Departamento de Justicia, Wedding fue detenido en México en enero de 2026 y después trasladado a Estados Unidos, donde sigue bajo custodia federal. Está acusado de narcotráfico, asesinato e intento de asesinato y tiene previstos dos juicios separados: el 31 de marzo y el 26 de octubre de 2027.
